Burocracia y soberbia del gobierno

Por: Segundo Matta C.

La burocracia y la soberbia no ayuda a solucionar problemas sociales

El último sábado 06 de abril, después de 10 horas de reunión en las oficinas de la PCM-Lima, el premier Salvador del Solar, gerentes de la minera MMG Las Bambas, Dirigentes de Cotabambas, representantes de la Iglesia Católica  y Defensor del Pueblo llegaron a acuerdos iniciales que permita poner fin al conflicto social que se prolonga por más de 2 meses en Apurímac y Cusco. La empresa minera ha paralizado sus operaciones y las pérdidas suman más de 94 millones de dólares. 

La mediación de la Iglesia Católica posibilitó la reunión de las parte en conflicto. Por enésima vez religiosos católicos reemplazan a la Oficina Descentralizada de Prevención de Conflictos Sociales de la PCM. Estrategas y comunicadores no encontraron solución a los problemas presentados – no hay Comunicación de Gobierno-. No es novedad que la realidad del país se mire desde un escritorio o desde la capital.  Hace tanta falta releer obras de Basadre.  

La burocracia y la soberbia se apoderan del gobierno a la hora de abordar la problemática social. Campesinos de Fuerabamba, Yavi Yavi, Cuaruaruacho y otras comunidades que comprenden el distrito de Cotabambas en Apurímac tuvieron que viajar hasta Lima para reunirse con las partes en conflicto. No hubo ningún gesto de autocrítica por parte del Gobierno y de la minera. Tuvo un peso A1 la soberbia y la autosuficiencia. Tenemos un Estado que no mira más allá de su entorno. Por respeto y consideración a los ciudadanos en conflicto la reunión debería realizarse en Apurímac. La actitud vertical ya no es viable en la era de la revolución de las comunicaciones. Aunque el verticalismo nunca debería existir en una sociedad que aspira a cambiar su historia. 

Portadas de los diarios nacionales, titulares de radio, televisión y redes sociales afines al gobierno y a la minera anunciaron el fin del conflicto social. Sin embargo, el asesor Jorge Paredes Terry y dirigentes sociales negaron tal afirmación. “Nuestros dirigentes han sido presionados por el Gobierno y la minera para suscribir un acta que no expresa el sentir de las comunidades”, enfatizaron. “La decisión final lo toma democráticamente la asamblea comunal”. Por lo que, el Estado y sus portavoces están en la obligación de conocer la idiosincrasia de los pueblos del Perú profundo. Hasta el cierre del presente artículo, campesinos de Cotabambas continúan con su medida de fuerza. 

Es cuestionable que sigamos manteniendo oficinas sin resultados. No se ha escuchado ninguna autocrítica sobre deficiente actuación de ministros de Estado y de la Oficina Descentralizada de Prevención de Conflictos Sociales.  El gobierno sigue siendo cómplice de irresponsabilidades de empresas mineras.  Las trasnacionales se sienten legitimadas con tan sólo el respaldo de la burocracia nacional y de los medios de comunicación. No. El tiempo ha cambiado. Los pueblos necesitan ser escuchados. La única vía para conquistar sus reivindicaciones es la lucha directa de masas.  

Los conflictos amenazan con  extenderse a otros distritos y regiones del país. El Gobierno sigue atendiendo por partes la problemática nacional. No hay un Plan Nacional de Prevención de Conflictos Sociales que se haya socializado. Si existe, es de conocimiento de especialistas y de los voceros mediáticos. Los últimos no ayudan.

Gobiernos divorciados de la realidad

Por: Segundo Matta C.

Reunión en Lima no tiene legitimidad. Los pueblos de Apurímac siguen en protesta.

Durante los últimos días hemos sido testigos de discursos gubernamentales cargados de poses electorales. Después que las Fuerzas Armadas derrotaran individualmente al narcoterrorista “Leonides”, el presidente de la república Martín Vizcarra dijo “¡Avanzamos firmes hacia la pacificación total del VRAEM!” cuando un grupo de delincuentes ponen en jaque al gobierno. O, cuando el premier Salvador del Solar afirmara durante su presentación en el Congreso de la República “… vamos a cambiar la historia del país” poniendo más inspectores para disminuir la informalidad y mejorar el crecimiento económico. Es imposible que con planes operativos se vaya a cambiar el rumbo de nuestra historia. 

Las autoridades de Cajamarca no han sido ajenos a discursos que sirven solo para la platea. “No habrá borrón y cuenta nueva” dijo el gobernador Mesías Guevara Amasifuén luego de haber denunciado a ex funcionarios regionales por supuesta “malversación de fondos”. Seguro que, después del informe de los 100 días habrá toda una persecución mediática para desvirtuar vacíos en su gobierno.

En el Perú de hoy, todos los funcionarios son denunciados. En el marco del respeto a la independencia de poderes los que hemos asumido funciones públicas debemos solicitar investigación- una denuncia no lo hace a una persona culpable-. Las sospechas deben terminar demostrando decencia y/o sanción por las responsabilidades asumidas. Empero, las investigaciones deben estar a cargo de instituciones autónomas y con solvencia moral intachable, caso contrario, la burbuja política podrían manchar honras y deslegitimar instituciones.

De acuerdo a ley, “una persona es inocente hasta que no se le demuestre lo contrario”. Toda denuncia tiene su proceso. El imputado tiene derecho a la defensa. Sólo el Poder Judicial determina culpabilidad y/o inocencia. Por tanto, cualquier opinión gubernamental y/o civil no es determinante. Hoy, los discursos gubernamentales sirven para deslegitimar al contrincante o para tapar su ineficiencia.

El investigador colombiano Eugénie Richard, en su libro Manual de Comunicación de Gobierno afirma: “Cuando se justifican con demagogia las medidas que destruyen las condiciones de libre competencia política, y se adopta una lógica de amigo-enemigo desde el poder, la comunicación oficial se convierte en mera propaganda al servicio de una ideología o de un interés particular. Este es un grave peligro que, lamentablemente, aún al día de hoy debemos de tener muy presente a la hora de considerar la prác-tica de determinados gobiernos; aunque todos, incluso el más democrático de ellos y el más respetuoso de las reglas del juego, son susceptibles de caer en la tentación de instrumentalizar las potentes herramientas del aparato del Estado a su favor”. Es evidente la utilización de las herramientas del aparato del Estado para adoptar una lógica amigo-enemigo. Y, una sistemática propaganda al servicio de una ideología o de un interés personal. 

Los gobiernos son instituciones y, como tales, deben comunicarse con los ciudadanos de manera clara, planificada y coherente. Los políticos deben comprender que la Comunicación de Gobierno debe conducirse de manera estratégica. Ya no depende exclusivamente de la capacidad de oratoria de quien esté a cargo del gobierno ni de las sugerencias de su entorno más cercano. La Comunicación de Gobierno está llamada a empoderarse no sólo para legitimar políticos que eventualmente dirigen el Estado sino para fortalecer las estructuras democráticas de lo público.

Después de la crisis, reformas

Por: Segundo Matta C.

Pobladores de Apurímac protestan contra la minera MMG-Las Bambas.

El Perú ha pasado por momentos de crisis que ha terminado sólo “cortando cabezas”. La historia está llena de trances. Las últimas tres décadas nos acercan a la realidad del sistema neoliberal. La crisis política ha repercutido fuertemente en la economía nacional – big bang de la política-.  En países hermanos que presentan realidades similares la crisis política les ha permitido generar consenso para dar paso a reformas profundas del Estado. Chile, Brasil, Bolivia, Uruguay, Ecuador y Argentina son ejemplos más claros en la región. Los cambios de gobierno con tendencias cercanas al sistema en Chile, Ecuador, Brasil y Argentina han generado un frenazo y retroceso en su implementación. Sin embargo, las ideas están allí. Las reformas planteadas desde el Estado se han empoderado en sectores importantes de la población.

Los teóricos de la Comunicación Política consideran que en todo proceso gubernamental se presentan momentos de crisis que deben ser abordados profesionalmente. El investigador argentino Mario Riorda afirma que para salir de las dificultades se necesita socializar desde el gabinete un “Plan de Comunicación de Crisis”. La salida a la crisis de gobierno no está en el marketing y/o publicidad sino en las decisiones estratégicas que permitan disminuir el impacto negativo. El investigador colombiano en temas de Comunicación Política, Omar Rincón considera que la crisis política no debe pasar “solo por agua caliente y volver a lo mismo, es una oportunidad para que los políticos planteen e implementen reformas profundas”.

 

El Perú no ha sido la excepción en plantear reformas. Los grupos protagonistas son todavía marginales. La división e intereses personales los ha llevado a un callejón sin salida. Hay varias facciones que son incapaces de generar espacios de unidad. Los discursos tradicionales siguen alejados de la realidad. En esas condiciones, cualquier aventurero que plantee reformas, va ganando terreno en la política nacional. 

La inflación del primer gobierno de Alan García, los vladivideos en la década del fujimorismo, el nombramiento de ministros cuestionados en la época de Alejandro Toledo, los narco-indultos y petroaudios en el segundo gobierno de García, el acercamiento de Odebrecht y mineras a la pareja presidencial Ollanta-Nadine, la caída de PPK, los CNN audios, la peor desaprobación del Congreso de la República, la lentitud de la Reconstrucción Con Cambios [RCC], el conflicto social “Las Bambas”, etc. deberían llevarnos a generar mayor consenso en el sector progresista para llevar adelante las auténticas reformas del Estado. Todos hablan de un cambio de Constitución, sin embargo, con facciones infantilmente enfrentadas será muy difícil. 

Consideramos que, tanto el gobierno como las organizaciones civiles deben contar con Plan Estratégico de Comunicación de Crisis [PECC]. La salida a los problemas presentados debe llevarnos hacia concreción de reformas. Reformas que no solo permitan terminar con la crisis coyuntural sino que involucre a la sociedad para fortalecer las instituciones y mejorar las condiciones de vida de la población.