Por: Segundo Matta Colunche
El
pasado 06 de noviembre, la Contraloría General de la República (CGR) emitió tendenciosamente
una nota de prensa acusando al Gobierno Regional de Cajamarca de haber incurrido
en irregularidades que involucra a 130 millones de nuevos soles. Al descaro del
infortunio conspiró con medios reaccionarios para denigrar honras de
autoridades y un pueblo que lucha incasablemente en defensa del agua y la vida.
Diarios
como “El Comercio” y “Perú 21”, de propiedad del monopolio “Miroquesada”, con
auspicio del fujimontesinismo, publicaron páginas completas de supuestas
irregularidades, dedicaron editoriales e hicieron rebote a nivel nacional de
todo su andamiaje de falsedades y mentiras, creyendo que con eso van a convencer
al pueblo para que deje de luchar y retire el respaldo al presidente Gregorio
Santos. Al contrario, la lucha se fortalece y la gran mayoría de peruanos reclaman
cambios urgentes en las políticas del Estado Peruano (última encuesta de Datum
y GFK).
En el informe
se dice que, “La comisión auditora verificó que los hospitales no
fueron construidos”, pero no se dice que los estudios de factibilidad
de 05 hospitales (Cajabamba, Jaén, Cutervo, San Ignacio y Bambamarca) fueron elaborados en la gestión anterior y la
Asociación Los Andes de Cajamarca (ALAC), -ente corporativo de minera Yanacocha-,
con serias irregularidades, terminó en diciembre del 2010,
sin construir ninguno de estos.
Se ignora que los procesos para la construcción de los
hospitales de Cajabamba y de Jaén (modalidad de contratación: Llave en Mano, sistema de contratación:
A Suma Alzada), estaban en curso en el año 2012. Es indiscutible que si no se
tienen elaborados y aprobados los expedientes técnicos, es imposible la
ejecución de una obra pública; por lo que afirmar por adelantado que “...los
hospitales no fueron construidos”, sin señalar lo anterior, es una
información falsa. La Contraloría miente. Modalidad “llave en mano” significa
que una sola empresa realiza los estudios y también los ejecuta.
De otro lado, irresponsablemente se manifiesta que “las obras de electrificación fueron
ejecutadas pero se encuentran abandonadas”, en el descaro de faltar a la
verdad, niegan que el caserío “Triunfo” (Los Baños del Inca) está energizada y
funciona a nivel de alumbrado público, cuenta con instalación de medidores a
domicilios, pero esta no funciona por falta de certificación del SER, que ya
está en trámite. Igual proceso para todas las comunidades consideradas en el
proyecto (4 caseríos). En la provincia de San Ignacio están en la etapa de
recepción y energización 140 comunidades rurales-27 mil personas
aproximadamente-. En los próximos meses se inaugurará. Contraloría miente.
Se dice también que “…los muros de contención (en Lajas) existían desde antes de la firma del
contrato.”, afirmación totalmente
falsa. La obra que beneficia a más de 4 mil personas, se ejecutó en esta
gestión, con todos los documentos en regla y el próximo 24 de noviembre será inaugurada.
La Contraloría insiste en mentir.
Como consta en informe emitido por PROREGIÓN a la CGR, ésta ha trasgredido los principios que rige el ejercicio del Control
Gubernamental, regulado en la Resolución de Contraloría N° 061-2004-CG, que aprueba
la Directiva N° 003-2004-CG/SGE – Normas sobre difusión y acceso a los Informes
de Control Gubernamental, en cuyo Capítulo VI – Disposiciones Generales,
numeral 6.2, se establecen tales principios, uno de ellos es el Principio de Reserva, en virtud del
cual: “Se encuentra prohibido que durante
la ejecución del control se revele información que pueda causar daño a la
entidad, a su personal, o al sistema, o dificulte la tarea de éste último (…)”.
El proceso investigatorio no ha concluido, no se ha
alcanzado el Informe Final del Examen de Auditoría, ni se ha hecho llegar al
Titular del Pliego o Unidad Ejecutora las
conclusiones y recomendaciones del caso. La Contraloría adelanta opinión.
Una vez más se comprueban actitudes tendenciosas de
una institución como la CGR, quien en lugar de fajarse por el Perú, responde a
intereses de grandes grupos económicos sobreponiéndose a los de la mayoría de peruanos
que tienen derecho a saber la verdad.
