Decano Ezequiel de Colegio de Abogados emiten pronunciamiento exigiendo que Ollanta Humala cumpla pacto ético electoral
El Estado inició una persecución política contra el presidente Regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero. La Constitución Política dice que todo proceso jurisdiccional en un Estado de derecho tiene que estar a cargo de un juez natural. Mandarlo a otra ciudad es manipulación”, así se pronunció el Decano del Colegio de Abogados de Lambayeque, Dr. Ezequiel Chavarry Correa durante el desarrollo de una Conferencia de Prensa convocada en la ciudad de Chiclayo.
Ezequiel Correa estuvo acompañado de los miembros de su junta directiva, la Decana del Colegio de Enfermeras de la Región Lambayeque Lic. Hedy Ebermann S y el Decano del Colegio de Veterinario, Dr. Oscar Grana Sotero.
Los máximos dirigentes de los Colegios Profesionales coincidieron en denunciar los atropellos que la Policía Nacional arremetió contra los manifestantes cajamarquinos, los cuales participan de un paro indefinido desde el 31 de Mayo luchando contra el Proyecto Minero Conga. Denunciaron la masacre contra un grupo de campesinos (hombres, mujeres y niños ) el día 5 de junio a la altura de Aylambo, cuando realizaban un plantón en forma pacifica.
Dieron a conocer a la opinión pública la lista de 50 heridos a consecuencia de impacto de bala, perdigones, bombas molotov y agresiones física, entre los que figuran pacientes de gravedad hospitalizados en el Hospital Regional de Cajamarca.
Según el diagnostico médico, los heridos atendidos registran heridas Policontuso severo, fractura de hombro brazo y miembros inferiores, herida por perdigón, fractura de tabique, heridas múltiples en tórax, abdomen y miembros inferiores, hemorragia interna por rotura de bazo o hígado, lesiones, traumatismo ocular izquierdo por bala de perdigón, perdida de la visión. Heridas en región facial y tórax por perdigones, hematomas y laceraciones en región facial.
“Hay una jugada política de parte del Gobierno Central, Humala dijo al ex presidente Alejandro Toledo que debería irse por no cumplir sus promesas y nunca fue investigado, además porque la fiscalía de Cajamarca no investiga las denuncias y éstas tienen que ser derivadas a Chiclayo”, declaró el hombre de Leyes.
El Decano agregó que el ICAL hará un pronunciamiento exigiendo al Poder Ejecutivo en la persona del presidente Ollanta Humala, cumpla con el pacto ético electoral de la campaña 2011 y aperture el diálogo con el pueblo cajamarquino, entre otros puntos.
“Se está violando los derechos humanos de la población, ahora el gobierno quiere militarizar Cajamarca y eso no se puede dar, existente muchas agresiones con los campesinos, anotó Chavarry Correa quien dijo no estar en contra de la actividad minera, siempre que sea responsable con el entorno donde se ejecuta, pero que esta tienen que ser racional.
En tal sentido el Colegio de Abogados de Lambayeque hizo público el siguiente Comunicado:
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
El Consejo Directivo del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, consciente de sus actos, la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad para lograr la paz en justicia social y en plena observación de la ética como principio rector de la orden, hace de Público conocimiento:
Que, en las últimas elecciones Presidenciales, la mayoría del pueblo peruano decidió por la llamada opción de cambio y transformación prometido por el electo presidente Ollanta Humala, pero que, en menos de un año de gobierno, las expectativas se han frustrado no sólo por inacción, sino fundamentalmente por la actitud del mismo estilo fujimorista de traicionar e incumplir sus promesas.
Que, durante los procesos electorales, los candidatos suscribieron un Pacto Ético, de mutuo respeto en la contienda política, para que cumplan lo que ofrecen en la campaña, pero no existe el órgano o mecanismo de control de cumplimiento de las promesas, por tales razones las promesas y expectativas no son cumplidas por Ollanta Humala.
Que, como efecto de no ser cumplidas las expectativas cifradas en el Presidente Ollanta, los pueblos del interior del país levantan su voz de protesta y exigen, verdad, seriedad en la ejecución de las promesas electorales postergadas.
Que, dentro de este contexto, el Poder Ejecutivo, ha decidido contestar al pueblo organizado con más estado de emergencia, represión, detención forzadas, deterioro de la imagen; enfrentamientos a las fuerzas policiales con la población.
Que, los reclamos de los pueblos de Espinar, Cajamarca y Lambayeque entre muchos otros, necesitan ser escuchados y canalizados, pero la respuesta al diálogo ha sido la práctica de oídos sordos; es más, la evidente pérdida de autonomía de parte del Tribunal Constitucional, Poder Judicial y Ministerio Público. En efecto, con el pretexto de presión sobre magistrados, el Poder Judicial traslada los procesos de la sede del Juez natural , fuera de su jurisdicción , en acto de psicosis colectiva, como viene ocurriendo con los procesados por los actos sociales de Espinar y Cajamarca, trastocando la competencias de los distritos judiciales y con ellos la consumación de una flagrante violación del Estado de Derechos y los Derechos Humanos.
Que, es de precisar referente a las exigencias del pueblo de Cajamarca, el Poder Ejecutivo vienen enfrentando y deslegitimando a sus representantes electos y sociales; responde con más represión, prisión y encarcelamiento del presidente regional y los dirigentes sociales, para ello tiene como instrumento de ejecución al Ministerio Público, en la persona del Fiscal de la Nación EDMUNDO PELAEZ BARDALES convertido en primer vocero del Poder Ejecutivo al oponorse de manera ciega a los justos reclamos de los pueblos; sin tener competencia, deslegitimizando su función a los procuradores del Estado, demandó por ante el Tribunal Constitucional al Gobierno Regional de Cajamarca; con esa misma prontitud ha dispuesto que los fiscales de Lambayeque aperturen investigación por rebelión contra el Presidente Regional Gregorio Santos Guerrero y con ello se cumpla lo allanado el camino por el Tribunal Constitucional, al declarar fundada la demanda de inconstitucionalidad contra la Ordenanza Regional de Cajamarca.
Que, el Tribunal Constitucional, se encuentra éticamente cuestionado, por un lado viene ejerciendo funciones dos magistrados que ya venció el período de su mandato y aún no renuncian; debe precisarse además que este mismo colegiado con su indiferencia no se pronunció oportunamente en la demanda de anticonstitucionalidad contra el D. Leg. 1015. y permitió el trágico baguazo del 5/6/2008.
Que, finalmente, en Lambayeque, el Gobierno Regional, demostrando incapacidad e incoherencia ejecuta el plan de despojo de los comuneros de la Comunidad de Santo Domingo de Olmos al haber cedido al Chantaje de la empresa Odebrecht.
Por estas consideraciones comunicamos nuestras conclusiones en:
a) Exigen la Poder Ejecutivo, en la persona del Presidente Ollanta Humala Tasso, cumpla con el pacto ético electoral de la campaña 2011 .
b) Apertura al diálogo con los pueblos de Espinar y Cajamarca, para ello solicitamos la inmediata libertad del alcalde de Espinar, Sr. Oscar Mollohuanca Cruz, y cese de amenaza de privar la libertad del Presidente Regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero, así como de los dirigentes y representantes de la sociedad civil de cada jurisdicción en conflicto.
c) Que el Fiscal de la Nación, Edmundo Peláez Bardales y el Ministerio Público cumpla con el rol legal que les corresponde por Ley y recuperando su autonomía cesen de la labor oficiosa a favor del Poder Ejecutivo y persecutoria contra autoridades elegidas y dirigentes representativos de la sociedad organizada.
d) Que el Poder Judicial, sancione con el máximo rigor a los actos de corrupción en particular los que proceden contra el patrimonio, la criminalidad organizada; no cesa a la presión del Poder Ejecutivo de trasladar a autoridades y dirigentes populares de su juez natural; pues, nunca el pueblo desconoce a las autoridades cuando actúan con corrección, legalidad y justicia.
e) Que, renuncien por decoro los magistrados del Tribunal Constitucional cuyo mandato ha vencido, siendo sus actos nulos de pleno derecho.
f) Que el Gobierno Regional de Lambayeque, deje su posición timorata y ecléctica, frente a la voracidad de la empresa Odebrecht y se garantice las 10 mil hectáreas a favor de la región y venta posterior a los comuneros y agricultores de Lambayeque que lucharon por más de 80 años.
