Por: Segundo Matta C.
Pocos fueron los sindicatos y organizaciones políticas progresistas que resistieron a la represión de la dictadura. Utilizaron todos los poderes del Estado para justificar sus agresiones a la democracia [violación a los derechos humanos, fraudes electorales, privatizaciones, corrupción, etc.]. Todo estaba organizado para destruir al Estado.
Han pasado 25 años
[1992-2017] desde aquel nefasto golpe de Estado que el fujimorismo acompañado
de la derecha reaccionaria instalarán por cerca de una década en nuestro país. Las
prácticas antidemocráticas resulta alentador para el fujimorismo de hoy – nada
han cambiado, son peores-. La mayoría de andadas de los dirigentes del
fujimorismo, dentro y fuera del Congreso, tienen similitud a lo sucedido
durante la época más negra del Perú. Un parlamento mediocre de mayoría
fujimorista que actúa con venganza y revanchismo contra todo los que ellos
llaman “izquierda caviar”, congresistas involucrados en actos de corrupción,
una mayoría que cumple a pie puntilla directivas indecentes, una lideresa
[Keiko Fujimori] que pide guillotina a todos quienes tienen voces discrepantes
con la década más corrupta; es decir, es el mismo fujimorismo autoritario que
gobernó 10 años.
Este fujimorismo actúa
con los mismos métodos de la historia siniestra de la década del 90. Se creen
intocables, pulcros, sagrados y dueños del poder. Quieren convertir en “blanco
claro y fino” a su lideresa aunque la mancha corroe toda su estructura. Los
sobornos de Odebrecht han tumbado a la clase política tradicional. Keiko
Fujimori tendrá que responder ante la justicia de este país por el gran
escándalo internacional: caso Lava Jato; también está en camino la
investigación por lavado de activos y cocteles.
Las prácticas antidemocráticas
fujimoristas están a la orden del día. Cualquier fiscal, juez, ministro,
presidente regional, alcalde o dirigente social que cuestione el accionar del
grupo naranja debe ser censurado. Consigna que se acuerda y se cumple como
directiva de la cúpula.
Están en la mira el
Tribunal Constitucional, el Fiscal de la Nación Pablo Sánchez, el ministro
Carlos Basombrío, los presidentes regionales, los alcaldes, los líderes
políticos regionales y los colectivos pro-derechos humanos. Todos ellos deben pasar
por la “guillotina fujimorista” por cuestionar un posible indulto al reo
Alberto Fujimori Fujimori. Nada los detiene, el odio y la venganza es su
prioridad. Sueñan con el poder absoluto, con la segunda parte de la dictadura.
Se equivocan, el
desprecio por la democracia, por la gobernabilidad, por los derechos humanos
los llevará al eterno suicidio político.
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| Este fujimorismo actúa con los mismos métodos de la historia siniestra de la década del 90. Se creen intocables, pulcros, sagrados y dueños del poder. |
Durante la década del
90 [gobierno fujimontesinista] no sólo se atentó contra la independencia de los
poderes del Estado, se utilizó el poder fáctico y las fuerzas del orden sumisas
al poder político y económico para destruirlos y desaparecerlos. Bajo el aval
de la Constitución del 93 se intervino al Tribunal Constitucional, Poder
Judicial, Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, RENIEC, ONPE,
Fuerzas Armadas y Policiales, organizaciones sociales y otras. El Legislativo y
Ejecutivo estaba controlado por el fujimorismo. Los principales medios de
comunicación vendieron su línea editorial y varios periodistas se alquilaron a
intereses de la dictadura.
Pocos fueron los sindicatos y organizaciones políticas progresistas que resistieron a la represión de la dictadura. Utilizaron todos los poderes del Estado para justificar sus agresiones a la democracia [violación a los derechos humanos, fraudes electorales, privatizaciones, corrupción, etc.]. Todo estaba organizado para destruir al Estado.
