Por: Segundo Matta C.
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| La burocracia y la soberbia no ayuda a solucionar problemas sociales |
El último sábado 06 de abril,
después de 10 horas de reunión en las oficinas de la PCM-Lima, el premier
Salvador del Solar, gerentes de la minera MMG Las Bambas, Dirigentes de
Cotabambas, representantes de la Iglesia Católica y Defensor del Pueblo llegaron a acuerdos
iniciales que permita poner fin al conflicto social que se prolonga por más de
2 meses en Apurímac y Cusco. La empresa minera ha paralizado sus operaciones y
las pérdidas suman más de 94 millones de dólares.
La mediación de la Iglesia
Católica posibilitó la reunión de las parte en conflicto. Por enésima vez
religiosos católicos reemplazan a la Oficina Descentralizada de Prevención de
Conflictos Sociales de la PCM. Estrategas y comunicadores no encontraron
solución a los problemas presentados – no hay Comunicación de Gobierno-. No es
novedad que la realidad del país se mire desde un escritorio o desde la
capital. Hace tanta falta releer obras
de Basadre.
La burocracia y la soberbia se
apoderan del gobierno a la hora de abordar la problemática social. Campesinos
de Fuerabamba, Yavi Yavi, Cuaruaruacho y otras comunidades que comprenden el
distrito de Cotabambas en Apurímac tuvieron que viajar hasta Lima para reunirse
con las partes en conflicto. No hubo ningún gesto de autocrítica por parte del
Gobierno y de la minera. Tuvo un peso A1 la soberbia y la autosuficiencia. Tenemos
un Estado que no mira más allá de su entorno. Por respeto y consideración a los
ciudadanos en conflicto la reunión debería realizarse en Apurímac. La actitud
vertical ya no es viable en la era de la revolución de las comunicaciones.
Aunque el verticalismo nunca debería existir en una sociedad que aspira a
cambiar su historia.
Portadas de los diarios
nacionales, titulares de radio, televisión y redes sociales afines al gobierno
y a la minera anunciaron el fin del conflicto social. Sin embargo, el asesor
Jorge Paredes Terry y dirigentes sociales negaron tal afirmación. “Nuestros dirigentes han sido presionados
por el Gobierno y la minera para suscribir un acta que no expresa el sentir de
las comunidades”, enfatizaron. “La
decisión final lo toma democráticamente la asamblea comunal”. Por lo que,
el Estado y sus portavoces están en la obligación de conocer la idiosincrasia
de los pueblos del Perú profundo. Hasta el cierre del presente artículo,
campesinos de Cotabambas continúan con su medida de fuerza.
Es cuestionable que sigamos
manteniendo oficinas sin resultados. No se ha escuchado ninguna autocrítica
sobre deficiente actuación de ministros de Estado y de la Oficina
Descentralizada de Prevención de Conflictos Sociales. El gobierno sigue siendo cómplice de
irresponsabilidades de empresas mineras.
Las trasnacionales se sienten legitimadas con tan sólo el respaldo de la
burocracia nacional y de los medios de comunicación. No. El tiempo ha cambiado.
Los pueblos necesitan ser escuchados. La única vía para conquistar sus
reivindicaciones es la lucha directa de masas.
Los conflictos amenazan con extenderse a otros distritos y regiones del
país. El Gobierno sigue atendiendo por partes la problemática nacional. No hay
un Plan Nacional de Prevención de Conflictos Sociales que se haya socializado.
Si existe, es de conocimiento de especialistas y de los voceros mediáticos. Los
últimos no ayudan.
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