Derrame refleja desinterés por el medio ambiente en Perú
Por FRANKLIN BRICEÑO y FRANK BAJAK (AP)
Sonó como una fuerte explosión de un neumático. Un cóctel tóxico de concentrado de cobre y zinc mezclado con los componentes volátiles de una tabla periódica se dispararon hacia el cielo.
El ducto de 302 kilómetros que transporta, desde los Andes a la costa del Pacífico, el mineral concentrado de la mina a cielo abierto más rentable de Perú había reventado en una estación de bombeo de este poblado de agricultores pobres.
El concentrado de color plomizo se esparció por el aire claro y seco de una mañana soleada a 3.500 metros de altitud.
Abraham Balabarca, quien estaba construyendo muy cerca una casa, corrió junto a otros vecinos para detener la fuga pero cuando llegó descubrió que la estación estaba cerrada y encadenada. El guardián no tenía la llave.
Pasaron casi dos horas antes que empleados de Antamina, el consorcio internacional dueño de la mina, arribaron y detuvieron la fuga. Cuando alguien abrió la cerradura con una palanca, una nube tóxica había cubierto Santa Rosa de Cajacay.
Un funcionario minero pidió ayuda a los pobladores para detener las 45 toneladas de la mezcla antes de que lleguen a un río cercano y los aldeanos lo hicieron sin equipos de protección pero con paños absorbentes otorgados por Antamina.
Pronto los pobladores empezaron a sentirse enfermos.
En total, unos 350 fueron atendidos por dolores de cabeza, sangrado del tracto respiratorio, náuseas y vómitos, según la oficina del alcalde de Cajacay Felipe Lázaro. Por lo menos 69 eran niños.
Casi tres semanas después, Antamina no ha dicho mucho en público sobre la fuga y no ha divulgado la composición química de la mezcla, mientras el gobierno ha exhibido escaso interés en investigar el impacto ambiental y sanitario.
La protección ambiental ha sido floja en Perú, un país donde las mineras son la fuerza que impulsa una década de crecimiento económico de 7% que ha hecho de Perú un centro atractivo para los inversionistas. La situación, no obstante, está generando focos de violencia.
En los últimos tres meses, ocho peruanos han muerto a tiros en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en protestas antimineras que han dominado la agenda política y que han provocado la caída de dos primeros ministros en solo 12 meses.
Después del derrame, muchos de los 410 pobladores que cultivan habas y crían ovejas pidieron al director de relaciones comunitarias de Antamina que limpie el lodo metálico que olía a veneno agrícola para gusanos, dijo el campesino Balabarca.
"Todos los campesinos ayudaron y tenían sus manos sucias, ayudamos humanitariamente sin saber que el concentrado de cobre estaba contaminado ", precisó Hilario Morán, presidente de la comunidad campesina de Cajacay.
Antamina no ofreció ni máscaras, ni guantes, ni ninguna protección como sí lo usaron luego sus empleados.
"Esta es una clara señal del absoluto desinterés por la salud de la población", dijo María Foronda, una activista local y ganadora en 2003 del prestigioso premio internacional Goldman para el medio ambiente.
El presidente Ollanta Humala se comprometió a proteger el medioambiente pero sus críticos dicen que la gran minería sigue desviando y agotando sin control las fuentes naturales de agua y envenenando a pobladores y a sus animales.
"Me duele la cabeza, de noche se me hincha la barriga, parece que la bebé se viene", dice Nancy Damián, embarazada de siete meses, dos semanas después del derrame, sentada en el pórtico de su casa de adobes, ubicada muy cerca del ducto.
Estuvo cuatro días hospitalizada luego del derrame ocurrido el 25 de julio, desmayándose y vomitando, dijo.
Sus sobrinos, unos gemelos de siete meses, y su pequeño hijo Tony, de un año y medio, aún siguen enfermos del estómago. Dice que Tony ha perdido 1.4 kilos. Antes del derrame pesaba 12.9 kilos pero ahora solo llega a 11.5
Tony afortunadamente no colocó su nariz cerca del piso como sí ocurrió con Chocolate, la perra guardiana de la casa. El 5 de agosto Chocolate fue encontrada muerta a pocos metros del ducto entre los árboles de eucalipto. "Esa perrita se revolcaba jugando todo el tiempo por estos suelos", dice Víctor Padilla, esposo de Nancy.
Una vecina, Yasira Sotelo, de nueve años, fue una de las 42 personas hospitalizadas por más de 11 días tras el derrame en la clínica privada San Pablo, en la capital regional Huaraz.
Sotelo, una pálida niña vestida con un gorro rosado de lana, dijo que sintió agudos dolores de cabeza y una hemorragia nasal que no pudo ser detenida incluso después que un doctor rellenó con papel higiénico sus fosas nasales.
"Las enfermeras me apretaron un trapo por mi nariz hasta el fondo y me preguntaban '¿entra sangre por la garganta?'. Yo decía que sí y me ponían más y más trapos", dijo Sotelo quien cursa el cuarto grado en la escuela de Santa Rosa.
Greg Moller, profesor de química ambiental y toxicólogo de la Universidad de Idaho, dijo que los niños probablemente sufrieron quemaduras químicas en sus pulmones tras inhalar polvo mineral con sulfuro que sus membranas mucosas lo convirtieron en ácido sulfúrico. Dijo que el trauma del tracto respiratorio es peor en los niños porque respiran entre dos y tres veces más que un adulto.
Juan Villena, decano del Colegio Médico del Perú, visitó el lugar y declaró a la radio RPP que muchos niños habían sido atendidos, algunos con "problemas respiratorios y musculares serios, sangrando de la nariz".
Pero el sábado la ministra de Salud Midori Habich dijo en una entrevista radial que nadie había enfermado gravemente.
"No, todos han sido dados de alta, no ha habido ningún caso grave, estamos viendo en la comunidad si hay algún tema de preocupación pero no han sido casos felizmente de lamentar", dijo.
Habich dijo que el río Fortaleza, de donde los campesinos sacan agua para regar sus sembríos, para dar de beber a su ganado y cocinar sus alimentos, no estaba contaminado por el derrame.
Sin embargo, inspectores estatales no han catalogado ninguna enfermedad con nada que se aproxime al rigor que un funcionario de salud podría tener en alguno de los países donde los dueños de Antamina tienen sus casas matrices.
Las personas atendidas en San Pablo dijeron que pidieron los resultados de sus análisis de sangre, pero la clínica no se los otorgó e incluso les negó cualquier papel que pruebe su hospitalización pagada por Antamina. El director del hospital Raúl Guisse se negó a ser entrevistado por la AP.
La semana pasada en Cajacay altos ejecutivos de Antamina dijeron en un tensa reunión de casi cuatro horas con los pobladores que estaban abiertos a compensar eventuales daños en la salud. Los ejecutivos llegaron en vehículos todoterreno último modelo protegidos con guardaespaldas armados que filmaban a los asistentes.
Ricardo Morel, el vicepresidente de Antamina, dijo que la compensación por lo que describió como "el incidente" dependerá de "los informes técnicos, médicos", que podrían estar listos para el 22 de setiembre.
"En nombre de la compañía deseo agradecerles por la activa colaboración de la comunidad durante los acontecimientos de la semana pasada", expresó el presidente de la firma Abraham Chahuan. "Solo quiero decir que los accidentes ocurren todo el tiempo en nuestra vida diaria".
Los pobladores también pidieron que los ejecutivos expliquen por qué un reservorio de 10 millones de dólares aún no ha sido construido en Cajacay luego que la minera lo prometió en el 2000 como condición para poder colocar su ducto por el pueblo. Morel dijo que Antamina consultará sobre la financiación del reservorio con los funcionarios estatales.
Antamina es la tercera mina más grande del mundo en zinc y la octava más grande en cobre, según Xstrata, que junto a BHP Billiton posee una participación del 33,75%. En el 2011 se produjeron 334.000 toneladas de cobre y 235.000 toneladas de zinc. El economista independiente Epifanio Baca, del reconocido centro de estudios DESCO, dijo que ganó más de 1.500 millones de dólares. Está asociada con BHP Billiton, que tiene su sede en Australia, Xstrata (Suiza), Teck Cominco (Canadá) y Mitsubishi Corp. (Japón).
El ministro del Ambiente Manuel Pulgar-Vidal pidió la máxima multa permitida, de 13,7 millones de dólares.
Su viceministro Mariano Castro dijo a la AP que la investigación del gobierno no ha terminado. Pero se abstuvo de anunciar si se castigará a Antamina con las sanciones más graves. Una ley de 2009 permite al gobierno suspender o cerrar las operaciones de infractores graves.
Antamina no ha explicado qué causó la fuga y tampoco por qué tardó excesivamente en detener el derrame. Funcionarios de la compañía no respondieron repetidas llamadas telefónicas y tampoco correos electrónicos en busca de comentarios.
Un documento de Antamina obtenido por el diario La República describe a la mezcla de concentrado de cobre y zinc como "material muy tóxico" que incluyen plomo y arsénico, que son venenosos.
La agencia estatal de salud y del medio ambiente, Censopas, tomó muestras de sangre y orina de 52 pobladores una semana después del derrame y halló seis niños con inaceptables niveles de cobre en la sangre, mientras otro menor fue hallado con niveles de plomo por encima de lo permitido. La agencia estadounidense para sustancias tóxicas y el registro de enfermedades sostiene que "los niños pueden sufrir efectos más graves que los adultos" en intoxicaciones con cobre, el cual puede causar daño hepático aunque no se ha demostrado que sea cancerígeno.
Censopas solo hizo pruebas para cobre, plomo y arsénico pero no dio los nombres de los afectados. El alcalde de Cajacay Felipe Lázaro, quien dio a la AP el reporte, dijo que pidió a Censopas identificar a los intoxicados pero los funcionarios se negaron.
Activistas ambientales dicen que este comportamiento es típico de las mineras, que por temor a demandas judiciales tratan de limitar su responsabilidad.
"Lo que hemos visto en el pasado es que el resultado de estas investigaciones se pierde", dijo Reinhard Seifert, quien se opone desde hace tiempo a la explotación de la mina de oro por parte del consorcio Yanacocha en la cercana región de Cajamarca.
Yanacocha, cuyo mayor accionista es la minera estadounidense Newmont, llegó a un acuerdo extrajudicial tras ser demandado en Estados Unidos por las víctimas de un derrame de mercurio en 2000 que enfermó más de 700 personas. Un camión que llevaba el tóxico metal a Yanacocha, la mina de oro más grande de Sudamérica, se estrelló y volcó su contenido.
Perú tenía hasta junio 169 conflictos sociales activos, la mayoría relacionados con la minería y donde por lo menos 10 se derivan de quejas sobre Antamina en temas de supuestas contaminaciones o en incumplimiento de promesas realizadas.
Otra zona de fuertes conflictos por la minería es la sureña provincia altoandina de Espinar, en la región Cusco, donde agricultores dicen que un desagüe de una mina de cobre propiedad de Xstrata sigue matando a sus llamas, ovejas y vicuñas.
"A diario recogemos animales muertos", dice el alcalde de Espinar, Oscar Mollohuanca.
El 28 de mayo tres pobladores fueron muertos a tiros por la policía durante una violenta protesta antiminera.
La fiscalía acusó a Mollohuanca de azuzar la protesta y fue encarcelado 15 días. El alcalde pertenece a un grupo cada vez mayor de autoridades locales y regionales que están luchando contra supuestos abusos de la gran minería como nunca antes.
"En el país quienes gobiernan son las mineras", dice. "Tienen a su servicio al presidente, policía y a las balas".
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Frank Bajak informó desde Lima. La periodista de Associated Press Carla Salazar contribuyó con este reportaje desde Lima.
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Frank Bajak está en Twitter como: http://twitter.com/fbajak
