Por: Segundo Matta Colunche
CPI
(Correo, 26 de agosto): Partido Aprista Peruano, Perú Posible y Fuerza Popular
(fujimorismo) son considerados los partidos políticos más corruptos del Perú,
con 41.4%, 15.4% y 11.9% respectivamente.
El Quinto Juzgado
Constitucional de Lima se pronunció a favor de la Acción de Amparo presentado
por el expresidente Alan García Pérez contra la Comisión del Congreso de la
República que investiga presuntas irregularidades en la segunda gestión
(2006-2010) del APRA. La última decisión judicial se suma al fallo del 04 de
octubre del 2013 en donde también se declaró nula la citación al expresidente
aprista a la Comisión Investigadora.
Pero eso no es todo.
El Juzgado Constitucional de Lima anuló la sesión y el acta de la Mega comisión
del 30 de octubre del 2013, así como también los informes finales que
responsabilizan al exmandatario de ser coautor de los narcoindultos, emisión de
Decretos Supremos de Urgencia para la construcción de Colegios
Emblemáticos, entre otros.
Vergonzosamente para la justicia del país, el juez Hugo Velásquez Zavaleta
ordena que se archive definitivamente el proceso.
En un país donde la
corrupción impera, es lógico que entre instituciones y organizaciones
deslegitimadas se den la mano. Sino veamos las cifras, según encuesta de GFK
(La República 29/04/14), solo el 12% del pueblo peruano aprueba la gestión del
Poder Judicial y el 84% la desaprueba y la desaprobación del legislativo va en
esa misma dirección (83%).
Sin embargo, parece
coincidir que quienes han perdido el respaldo de la población se van dando la
mano. El Partido Aprista Peruano que lidera Alan García es considerado el
partido más corrupto del Perú con 41.4% y es apoyado por ciertos magistrados
del Poder Judicial, institución más desprestigiada del país (12% de
aprobación). Para quienes ven a la justicia como un embudo (ancho para los
poderosos y angosto para el pueblo) las decisiones no se toman en función al
delito grave o leve de las personas, sino en función al amiguismo,
compañerismo, y al sonado soborno.
Pero hay algo más: el
que tiene padrino se bautiza. En el Congreso de la República, quienes tienen
representación parlamentaria (no importa el número de congresistas) tienen la
capacidad para blindar a sus correligionarios, con evidentes negociados bajos
ciertos beneficios particulares. Al expresidente Alejandro Toledo (caso Ecoteva
y otros) se liberó de serias acusaciones constitucionales, se nota que la
alianza Gana-Peruposibilista trabajó un descarado blindaje. Alberto Fujimori y
sus más cercanos colaboradores, sentenciados a cárcel por ser responsables de
asesinatos, torturas, actos de corrupción, etc., también han sido blindados
permanentemente por el grupo parlamentario fujimorista. Y eso sin mencionar las
chillas y gritos en el Congreso cuando algún parlamentario denuncia y encara
con valentía las acciones negras de la dictadura.
Alberto Fujimori,
Alan García y Alejandro Toledo son los casos más emblemáticos de blindaje e
impunidad. Pero ahí no queda todo, el poder del dinero traspasó Lima y llega a
capitales de regiones y provincias del país. En Ancash, el expresidente César
Álvarez fue absuelto por un grupo parlamentario minúsculo pero con mucha
capacidad para actuar como lobistas (se archivó todos los procesos de
investigación que llevaba a cabo en una Comisión Investigadora). Allí hay
pruebas de que se compraron fiscales, jueces, periodistas y empresarios.
Álvarez está preso no por supuestos actos de corrupción, sino por asesinato.
Similar sucede en Loreto y Ayacucho, pero caso curioso de estos dos últimos que
ahora gozan de libertad absoluta.
Todo lo contrario
sucede con el líder del Movimiento de Afirmación Social (MAS), Gregorio Santos
Guerrero. Desde que estalló el conflicto Conga (octubre del 2011) vinieron una
seria de procesos de investigación fiscal y judicial (40), sumado los dos
últimos. No existió pruebas que lo involucrarán a Santos para privarle de su
libertad (presupuestos materiales), pero igual está tras las rejas.
Aquí en Perú los
poderosos están libres gozando de la histórica impunidad burguesa, pero los
líderes del pueblo sufriendo las consecuencias de este sistema corrupto.