Por: Segundo Matta Colunche
 |
| Mitín multitudinario contra el proyecto minero Conga |
Desde el 25 de junio de 2014, el
presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero, cumple prisión
preventiva por supuestos actos de corrupción en la administración pública. Han
pasado más de 3 años de investigación preliminar y, el fiscal supra provincial Walter
Delgado no ha encontrado argumentos para denunciar al líder izquierdista.
El último fin de semana, Walter Delgado, encargado de las
investigaciones que se le sigue a Gregorio Santos por presuntos delitos de
corrupción solicitó en una carpeta de más de 680 páginas, la ampliación de prisión
preventiva por 22 meses. Hace más de un año, la jueza Mercedes Caballero por
encima del Nuevo Código Procesal Penal dictó prisión preventiva a Santos por 14
meses contraviniendo al artículo 269 que precisa el peligro de fuga para
procesados por delitos graves: a) tener arraigo, trabajo y domicilio
conocido, b) gravedad de la pena, que supera cuatro años de pena privativa de
la libertad, y c) comportamiento del imputado. No manipular prueba y colaborar
con la justicia.
Ninguno de los Presupuestos Materiales del Nuevo Código
Procesal Penal cumplió para injusto encarcelamiento de Santos. Goyo tiene
trabajo y domicilio, fue reelecto presidente regional de Cajamarca. Tiene
familia. El fiscal todavía no ha fundamentado los delitos de control de
acusación para hacer los descargos respectivos de las imputaciones (más de 3
años de investigación). Y, Gregorio Santos siempre ha colaborado con la
justicia en los 98 casos que se le ha abierto investigación. Nunca ha burlado
los procesos que se le sigue.
En el expediente 91-2014, de 96 tomos y 57 anexos (40 mil
páginas aproximadamente), la fiscalía Supra provincial
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, ha ampliado
la investigación contra Santos en 10 oportunidades. Sin pruebas fehacientes.
De acuerdo a la
complejidad de la investigación, el proceso se divide en tres etapas: investigación preparatoria, etapa
intermedia y juicio oral. Han pasado más de 3 años y el caso de Gregorio
Santos está en la etapa de investigación preparatoria-primera etapa-. No es más
que un revanchismo político por oponerse al modelo extractivismo salvaje y cuestionar
duramente al sistema económico y normativo del país.
El Fiscal Delgado ha
presentado “colaboradores eficaces” sin identidad, fotografías que no dicen
nada, cuaderno apócrifo sin peritaje grafotécnico y grafológico para determinar
la veracidad de lo que se dice, no existen audios, vídeos o fotografías que
comprueben las acusaciones. Se cuestiona 11 procesos de licitación y que las
obras no existirían, cuando a la vista de los cajamarquinos y de los mismos “investigadores”
todos los procesos de licitación tienen sus respectivos comités que no integra
el presidente. Además, la mayoría de obras ya están concluidas y puestas al
servicio de la población.
El gobierno regional
en pleno, desde el 2011 está siendo investigado por la Contraloría General de
la República, Congreso de la República, Consejo Regional, Órgano de Control
Interno y todas las entidades de fiscalización. Se ha dado todas las
facilidades a los Órganos de Control para las investigaciones convirtiéndose en
la institución pública regional más investigada de los últimos tiempos. Revanchismo
y persecución por ser un gobierno contestatario.
Empero, en opiniones
adelantadas, el fiscal Delgado considera que Santos es un líder importante en
la región y que podría manejar a funcionarios y entorpecer las investigaciones.
Delgado niega por antonomasia que el poder en un gobierno de izquierda es
totalmente diferente a los caudillos reaccionarios, en el Movimiento de
Afirmación Social todos quienes asumen responsabilidades de gobierno, políticas
o sociales son evaluados permanentemente por el colectivo social y las bases. Santos
es un líder nato en la región, un rondero y un político de principios.
Este sistema político
-ilegal- obediente del poder económico ha sentenciado por adelantado a Gregorio
Santos, pero no dice nada sobre los hechos de corrupción y narcotráfico más que
comprobados contra Keiko, García, Toledo, Ollanta y Nadine. En Cajamarca, el fujimorista Joaquín Ramírez
afronta un proceso de investigación por narcotráfico y lavado de activos, sin
embargo, éste no ha pasado ni una hora tras las rejas.
En un país donde la
justicia está “patas pa´arriba”, a Santos se le mantiene 14 meses en prisión
preventiva, en cárceles de máxima seguridad, sin respetar el debido proceso y
atropellando los convenios internacionales (169 OIT); mientras que a los
saqueadores del país, quienes entregaron nuestros recursos naturales a las
trasnacionales, los antipatriotas, los mercenarios de la información, los que
han asesinado a los campesinos se pasean libremente por las calles con total
impunidad.
Este martes 12 de
agosto, la jueza Mercedes Caballero definirá la situación legal de Santos. Esperamos
su libertad, caso contrario reafirmaremos que se sigue consumando la injusticia
más cruenta de los últimos años, a lo que le llamamos prisión anticipada. Queda
claro que en un país donde no hay independencia de poderes, la libertad y
democracia son solo líricas.
