Mañana
el Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria debe resolver el cese
de prisión preventiva contra el candidato presidencial, Gregorio Santos
Guerrero. El fiscal, Walter Delgado tenía 15 días para presentar la acusación
fiscal; sin embargo, ya pasaron 58 días desde el 11 de diciembre y hasta el
momento no ha presentado nada.
La Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) afirma que la prisión preventiva en América Latina
es un abuso, es un “mecanismo legal” que aprovechan los poderes económicos y
políticos para encarcelar a opositores. Bajo argumentos legales, la CIDH otorgó
una medida cautelar a favor del encarcelado Gregorio Santos exigiendo al
Gobierno peruano revisar el proceso de prisión preventiva.
El gobierno de Perú,
bajo la presidencia de Ollanta Humala Tasso, no cumple los convenios
internacionales por una acción de represalia y por considerarlo a Santos un “líder
antiminero”. El organismo internacional,
reconoce que detrás de la detención del líder izquierdista hay una persecución política
y, por lo tanto, la prisión preventiva es injusta y vulnera los derechos
humanos.
El Nuevo Código
Procesal Penal Nacional castiga por adelantado al investigado en casos de:
peligro de fuga y obstaculización a la justicia [presupuestos materiales]. Sin
embargo, Gregorio Santos apoyó en todos los procesos de investigación, se
presentó en cuanta citación llegaba de instancias de investigación, es reelecto
presidente regional de Cajamarca (44.8% de votos) y candidato presidencial por
Democracia Directa. Además, en todas sus declaraciones el mandatario regional
ha expresado su interés de apoyar en todos los procesos de investigación para
determinar responsabilidades por los supuestos actos ilícitos. Entonces, no hay
razones para seguir manteniéndolo bajo rejas.
La libertad como un
derecho humano, amparado en la Constitución Política del Estado es cuestión de
justicia. El debate de su libertad se extiende a los medios de comunicación.
Hace algunos días 3 analistas coincidieron que existe una carcelería injusta
contra Gregorio Santos [RPP-01/02/16]. Igual postura tuvo el representante de
Transparencia Internacional y el polémico periodista Phillip Butters (Radio
Capital, 05/02/16).
El debate sigue, en
su editorial [La República, 08/02/26] indica: “El caso del candidato Gregorio
Santos, de Democracia Directa, que no obstante haber sido acreditado como
aspirante a la Presidencia de la República no puede realizar la campaña
electoral a la que tiene derecho, debe ser resuelto sin más dilaciones por el
Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Instituto Nacional Penitenciario
(INPE)”.
El diario nacional también toma la opinión de la (CIDH), “…la CIDH ha otorgado a Santos una medida cautelar instruyendo
al Estado a que cumpla los estándares internacionales respecto de las
condiciones de su detención. Lo que ahora sucede con su candidatura forma parte
de ese emplazamiento y es deber del Estado llevar a cabo los arreglos legales
para impedir un trato ilegal a una candidatura legal que tiene derecho a la
neutralidad del Estado”.
De acuerdo al Nuevo Código Procesal Penal hay más
razones suficientes para la libertad de Santos. 1) No hay peligro de fuga ni obstaculización a la justicia; 2)La
fiscalía tiene 40 meses investigando, cuando el plazo normal son 08 meses; 3)
25 meses de prisión preventiva, cuando el plazo regular son 9 meses; 4) 15 días
para presentar acusación empero ya pasaron 58 días y no se ha presentado nada; 5)
3 hábeas corpus no admitidos, 18 meses sin resolver, cuando se resuelve en 24
horas; 6) 106 procesos de investigación en contra de Santos, sin que hasta el
momento tenga alguna acusación fiscal; etc. Basta de abusos ¡Gregorio Santos
libertad!
