La
Asociación Nacional de Periodistas del Perú, expresa, una vez más, su
preocupación, malestar y enérgica protesta por la actuación equivocada de
efectivos de la Policía Nacional del Perú, así como de sujetos civiles,
infiltrados entre los manifestantes durante las protestas que se vienen dando
en la ciudad de Cajamarca, los mismos que han hecho de la agresión alevosa un
medio prepotente para tratar de silenciar a los periodistas, que se encuentran
en esa localidad cumpliendo con su deber de comunicadores sociales.
Lo ocurrido
el reciente 26 del actual, cuando un grupo de desconocidos atacó a los
trabajadores y luego dañaron las antenas de Canal N y la unidad móvil de Canal
ATV, constituye una demostración de la conducta demencial de elementos al
margen de la ley, que cumplen consignas para evitar que la ciudadanía tome
conocimiento de aquellos sucesos que son de interés público.
De la misma
manera lo acontecido el pasado 14 de junio, en la Plaza La Recoleta de
Cajamarca, cuando personal uniformado y armado agredió físicamente y dañó los
equipos de filmación de los periodistas Alejandro Huamán Aguirre, Edwin Lozano
Hernández y Karina Aliaga, es otra prueba más de una situación que se va
agravando, debido a la intervención de funcionarios que deben estar al servicio
de la sociedad y que están en el deber de respetar el derecho a la información
de los ciudadanos, tal como ocurre en toda colectividad civilizada.
El despojo
de material informativo y equipos técnicos, pero sobre todo la violencia
inusitada con que se ataca a los periodistas, constituyen la violación de los
derechos más fundamentales de la sociedad y, por lo tanto, demanda la inmediata
intervención del jefe del Estado, del Ministerio Público y de la Defensoría del
Pueblo para poner coto a hechos que son una vergüenza para el país.
En tal
sentido, la ANP hace una invocación al Poder Ejecutivo para que actúe dentro de
las facultades que le permite la ley y de ninguna manera permitiendo que el
personal a su cargo ataque a los periodistas con evidente premeditación y
amparados por órdenes que es posible que emanen de las autoridades superiores.
Igualmente le hace recordar a los funcionarios del Ministerio del Interior que
todo esfuerzo de diálogo no podrá encaminarse en forma racional, cuando existen
elementos que hacen de la violencia el instrumento para acallar a la prensa
independiente.
Lima, 27 de
junio de 2012
Roberto
Mejía Alarcón
Presidente
Zuliana Lainez
Otero
Secretaria
General
