Por: Segundo Matta Colunche
En los últimos años, líderes de tres organizaciones políticas
de derecha son investigados por delitos de narcotráfico, violación de derechos
humanos y corrupción. Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel; Alan
García (APRA), cuestionado en sus dos periodos de gobierno (1985-1990) y
(2006-2011); y, Toledo por compra de inmobiliarias que involucra a políticos de
otros países ligados al narcotráfico.
En los últimos años, líderes de tres organizaciones políticas
de derecha son investigados por delitos de narcotráfico, violación de derechos
humanos y corrupción. Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel; Alan
García (APRA), cuestionado en sus dos periodos de gobierno (1985-1990) y
(2006-2011); y, Toledo por compra de inmobiliarias que involucra a políticos de
otros países ligados al narcotráfico.
Alberto Fujimori y la mayoría de su entorno, que gobernaron el
país más de 10 años, convirtieron al Estado en un botín para fortunas
personales. El dinero no sólo provenía de las privatizaciones sino del
narcotráfico y contrabando de armas. Los mismos asesinaron a quienes se oponían
a la dictadura. Era un gobierno narcoterrorista y violador de derechos humanos.
El narcotráfico está en las entrañas de los
principales partidos políticos de derecha, en el 2010, la candidata a la
alcaldía de Lima por el Partido Popular Cristiano, Lourdes Flores, reconoció su
vínculo laboral con el investigado por narcotráfico César Cataño; en el 2006,
Alan García debió devolver US$ 5.000 al conocerse que ese fue el aporte de
Alfredo Sánchez Miranda –hijo menor de Orlando Sánchez Paredes, quien es
investigado por lavado de activos del narcotráfico– en la campaña para la
segunda vuelta electoral; y la última revelación del "lavador" de
dinero de narcos que aportó a la campaña de Keiko Fujimori en el 2011, sumado a
la de su hermano Kenji Fujimori, en cuyo interior de su empresa fueron encontrados
paquetes de pasta básica de cocaína.
Si la inversión es fuerte en campaña
electoral es evidente que con anterioridad alquilan o venden a las
instituciones del Estado. Para algunos “empresarios” invertir en campañas
políticas es una forma de incrementar sus arcas financieras. Cuando esto sucede
se producen las licitaciones y compras por debajo de la mesa, resoluciones,
acuerdos o proyectos de Ley para beneficio personal o de grupo y no de las
mayorías.
Veamos qué es lo que pasa en el Congreso de
la República. En las últimas elecciones generales la ONG “Reflexión
Democrática” de Roque Benavidez, accionista de Minera Yanacocha, financió a 22
candidatos, varios de ellos ganaron y se convirtieron en defensores a ultranza
del cuestionado proyecto minero Conga.
Frente a esta maraña de comportamientos en
la política peruana, consideramos buena la decisión del Ministerio Público de
abrir un proceso de investigación al fujimorismo, pese al silencio cómplice de
medios de comunicación como el grupo El Comercio y varias agrupaciones
políticas de derecha.
Las investigaciones también deben extenderse
a regiones como a los hermanos Ramírez en Cajamarca. El pueblo necesita
explicaciones claras sobre millonarias campañas que realizan rumbo a las
elecciones locales y regionales (compra de candidatos, medios de comunicación y
espacios periodísticos, regalos por doquier, construcción de plataformas
deportivas, financiamiento a fiestas patronales, etc.). Deberán demostrar si el
dinero sale de sus bolsillos y si la fortuna concuerda con sus ingresos.
¿Quién gobierna en el país? El gran capital
es la respuesta inicial y por las evidencias, preveniente del narcotráfico, que
en muchos casos ha financiado campañas electorales y ha puesto autoridades.
¿Extraño? Creo que no. Las instituciones responsables de investigar estos
ilícitos callaron en todos sus idiomas. Es hora de transparentar la política y
orientar a esta por la decencia y la pedagogía.
