Por: Segundo Matta Colunche
La muerte de treinta y tres peruanos
en Bagua, 5 cajamarquinos, 4 campesinos en Espinar, 2 talareños en Piura, y
otros casos repudiables, no bastan para frenar la represión en contra del
pueblo. La Ley 30151 promulgada por el presidente Ollanta Humala y su ministro
César Villanueva limpia legalmente a militares y policías que causen lesiones o
muerte a civiles.
El
gobierno humalista repite indirectamente la frase del representante del Opus
Dei en el Perú, quien dijera que “los derechos humanos son una cojudez”; la
promulgación de la Ley 30151, publicada ayer en el diario oficial El Peruano,
exime de toda responsabilidad penal a policías y militares que causen lesiones
o la muerte a civiles en acción de servicio. En otras palabras, el gobierno
otorga licencia para matar.
Varias
personalidades se han pronunciado en contra de esta medida.
“La
norma podría atentar contra los derechos humanos, amparados en tratados y leyes
internacionales, los cuales el Perú ha suscrito”, opina el vicepresidente
regional de Cajamarca César Aliaga Díaz.
El
decano del Colegio de Abogados de Lima, Mario Amoretti, también mostró su
disconformidad: “no estoy de acuerdo con esta norma, puede tener efectos
contraproducentes en la sociedad”. En la misma dirección el ex ministro,
Roberto Chiabra, afirmó que “no se le hace mucho bien a las Fuerzas Armadas ni
a la Policía con esta Ley; cuando el personal sabe que nada le va a pasar puede
cometer excesos”.
El
presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero, a través de su
cuenta de twitter alertó lo que podría suceder: “policías no tendrán
responsabilidad penal si matan incluso sin usar arma reglamentaria”.
“La
Ley vulnera las leyes constitucionales y convencionales como el deber de
investigar y sancionar a responsables de violaciones de derechos humanos; el
derecho a la igualdad (si un civil mata
o hiere será procesado, mientras que un policía no lo será) y puede generar
incentivos perversos para vulnerar el derecho a la vida y la integridad “personal”
de los ciudadanos”, según IDL.
El
debate tardío en las redes sociales dejan entrever que la Ley en cuestión es
una forma de decir "Con va si o si", es una Ley de inimputabilidad
para la Policía Nacional y FF.AA. Marcada
posición contra la impunidad.
Con
la aprobación de esta Ley y otras, no queda duda que el presidente Humala
responde a intereses de las trasnacionales mineras como Yanacocha en Cajamarca,
que quiere imponer el proyecto Conga sin tener la licencia social y atentado
contra las cabeceras de cuenca, manantiales, bofedales que almacenan el recurso
hídrico para beneficiar a campesinos de las provincias de Cajamarca, Celendín y
Hualgayoc.
Con
la Ley de la impunidad, presentada por la bancada fujimorista el 14 de enero
del 2011 y aprobada por 67 congresistas, incluidos los de la bancada
oficialista Gana Perú, se reafirma el camino a criminalizar la protesta social,
otorgando carta blanca a la impunidad y violación de derechos humanos como sucedió
en la época de la dictadura fujimontesinista que asesinaron y torturaron sin
embargo se consideraron inocentes.
La
norma que modifica el inciso 11 del artículo 20, rubricada por el presidente
Ollanta Humala y el premier “descentralista” César Villanueva, ha causado
silencio cómplice en los otrora dirigentes políticos o autoridades regionales que
se oponían a las agresiones policiales y militares en contra de los ciudadanos.
Desde
todos los espacios expresemos nuestra protesta contra leyes arbitrarias y dictatoriales
que atentan contra el derecho a la vida y la libre expresión de los pueblos.
