Por: Segundo Matta Colunche
En este país, la mafia, la corrupción, los mercenarios y asesinos gozan
de libertad e impunidad, mientras que el pueblo y sus dirigentes al banquillo
de los acusados. Y en casos extremos para que no digan nada los esconden tras
las rejas. Lo llamamos “la justicia patas pa arriba”.
En el Perú la justicia está
“patas pa' arriba”, utilizando las palabras del gran intelectual uruguayo
Eduardo Galeano, cuando coloca en la pared las atrocidades que hace las derecha
y los grandes capitales en contra de los más humildes y pobres del planeta. Los
dueños del capital actúan con total impunidad, auspiciados por los tribunales
de justicia y los medios de comunicación, mientras matan y asesinan a los
excluidos. Utilizan la palabra libertad para cometer crímenes y atrocidades.
Trasladando a Perú, comparamos
con lo que la Primera Fiscalía Penal Corporativa de San Ignacio pidió hoy para el
presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, 30 años de cárcel por el supuesto delito de secuestro de
Petronila Vargas, además de una reparación civil de S/.10 mil. Eso no sucedió
ni para el reo más grande del Perú, Alberto Fujimori, comprobado por ser autor
intelectual de torturas y desapariciones, pero si para un líder popular y de
izquierda, cuyo delito es estar al lado de su pueblo, defendiendo su dignidad.
El Fiscal de la Naciòn, José Peláez, de (filiación aprista) hace una serie de variopintos
para su reelección, pese a tener una desaprobación espantosa de 78.9% según última
encuesta de CPI. En esa misma dirección marcha el Poder Judicial, que acaba de
dar una lección de ridiculez y parcialización con el poder económico. Se
muestra tan cercano a las trasnacionales cuyo objetivo es terminar con la vida
política de nuevos líderes que nacen desde el seno social, como las Rondas
Campesinas, Sutep y Frentes de Defensa.
Lo más curioso y hasta
anecdótico, es la estrecha relación que existe con uno de los integrantes del
grupo El Comercio, el diario Perú 21, cuya cuestionada línea editorial todos
conocemos-extrema derecha-. Nuevamente, primero llegó la información al diario
y después a los principales interesados, misma estrategia del informe de la
Contraloría General de la República, sobre las supuestas obras fantasmas por
130 millones de soles, que al final se demostraron que eran falsas.
Con lo sucedido, no es otra cosa
que un atentado contra la justicia y los Poderes del Estado que están obligados
a actuar con absoluta independencia. Está claro que hay una dirección. Estalló
el conflicto Conga, y se le vino encima al presidente regional de Cajamarca
Gregorio Santos una serie de denuncias que incluido el de San Ignacio sumaron
38. Todos procesos Conga. Lo que no sospechaban es que en el Ministerio Público
también hay fiscales honestos, 35 ya fueron archivados.
¿Quién está tras todo esto? La
investigación sobre el supuesto secuestro de Petronila Vargas ya fue archivado,
claro que sí. Pero se reapertura cuando estalla la lucha por la defensa del
agua y de la vida, en donde el gobierno regional de Cajamarca y su presidente expresaron su apoyo a las
organizaciones sociales. Caso sui generis en el país la gestión de Gregorio
Santos, quien se levantó, acompañó a las organizaciones del pueblo en la
defensa de sus derechos y su dignidad. Nos hace recordar la historia de Nelson
Mandela cuando no soportó más el apartheid.
A Gregorio Santos y a los
dirigentes cajamarquinos se los acusaron
de todo: “terroristas, narcotraficantes, asesinos, corruptos, violentistas,
anti mineros, extremistas, anti inversión, y todo los antis”. Pasaron por los
sed de televisión y entrevistas a grandes páginas a los llamados
“investigadores” como Miguel Santillana, Jaime de Altahus, Jaime Antezana, los
fujimontesinistas y toda la derecha reaccionaria; para atacar las luchas
heroicas del pueblo de Cajamarca. A varios de ellos se les cayó la careta
cuando se confirma que son financiados por Yanacocha para realizar campañas
mediáticas en sus medios voceros.
Tras este anuncio que mantiene
alerta al pueblo organizado, no queda otra cosa que mantener firme la unidad
del soberano. La lucha en los tribunales, pero también en la calles para exigir
justicia. Mientras excusan a responsables de la muerte de 5 hermanos de
Bambamarca y Celendín, piden prisión para una autoridad que lucha junto a su
pueblo, exigiendo respeto a los recursos naturales, en general a su dignidad. Este
es el país, donde la justicia está patas pa arriba.
Aquí está la opinión de la
fiscal, las investigaciones continúan, se espera mayor responsabilidad de los
otros sectores de la justicia como el Poder Judicial, quien debe determinar un
veredicto totalmente independiente. Estaremos alerta.
