La justicia que Fujimori y la derecha quiere

Por: Segundo Matta Colunche

La esterilización forzosa es considerada como un crimen de lesa humanidad o un crimen de guerra y un delito grave de violencia sexual. Según informe del Ministerio de Salud publicado en el 2002 muestra que: entre 1995 y el 2000, 331.600 mujeres fueron esterilizadas y que 25.590 hombres sufrieron una vasectomía sin su consentimiento.

El pasado 25 de enero, el fiscal Marcos Guzmán Baca, de la 2da Fiscalía Penal Supranacional de Lima, informó que la investigación sobre esterilizaciones forzosas contra Alberto Fujimori y sus ministros de Salud quedaban archivados. Esta noticia cayó como un baldazo de agua fría sobre familiares y víctimas de las esterilizaciones forzosas. 

Los ministros fujimoristas, Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga Recuenco, están legalmente libres de polvo y paja. Para el fiscal Guzmán, hubo responsabilidades en los médicos, más no en quienes dirigieron el sector. Esto quiere decir, que los galenos actuaron por iniciativa propia y no hubo ninguna directiva gubernamental sobre tal crimen de lesa humanidad.

Aquí la única verdad es que: durante el gobierno de Fujimori (1990 – 2001) se puso en ejecución el programa de esterilizaciones forzadas contra las mujeres indígenas (esencialmente quechuas), con el nombre de “Plan de salud pública” y que fue presentado el 28 de julio de 1995. El plan fue financiado principalmente por la Agencia de Cooperación Internacional Estadounidense con 36 millones de dólares y, con una cantidad mucho menor, por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Así mismo, el 9 de septiembre de 1995, Fujimori presenta un proyecto de ley que modificaba la "ley general de población", con el fin de autorizar la esterilización. En febrero de 1996, la propia Organización Mundial de Salud felicita a Fujimori por su plan de control demográfico. Esto demuestra la complicidad de un crimen organizado, incluso, con el respaldo internacional.

Solo en el 2001, durante el gobierno de Alejandro Toledo, el entonces ministro de Salud Luis Solari, instituye una comisión investigadora, y también lo propio el Congreso de la República; dichas nacieron como producto del constante reclamo por parte de las víctimas, familiares y ONGs de Derechos Humanos. Ya en el 2002, las comisiones concluyeron que, entre 1995 y el 2000,  se esterilizaron forzosamente 331.600 mujeres, mientras que 25.590 hombres sufrieron una vasectomía. También se concluyó que 300 mil indígenas habrían sido esterilizados.

El plan, según la comisión investigadora, tenía como objetivo: “disminuir el número de nacimientos en los sectores pobres de la sociedad peruana, apuntaba esencialmente a los indígenas de las zonas más abandonadas”. La documentación prueba que el presidente Fujimori estaba informado, mes a mes, del número de intervenciones realizadas por los servicios de sus ex-ministros de salud: Eduardo Yong Motta (1994-96), Marino Costa Bauer (1996-1999) y Alejandro Aguinaga (1999-2000). 

Una investigación de derechos humanos de la abogada Giulia Tamayo, Nada Personal, muestra que habían sido fijadas cuotas a los médicos. Según Le Monde diplomatique (medio francés), afirma que se habían organizado "festivales de ligaduras de trompas" en las zonas rurales y los pueblos jóvenes. En 1996, hubo 81.762 ligaduras de trompas, según las cifras oficiales, habiendo tenido su punto más alto el año siguiente, con 109.689 ligaduras, en comparación a las "únicamente" 25.995 reportadas en 1998. 

¿Hay o no hay responsabilidad política de Fujimori y sus ministros? Por todo lo descrito, podemos afirmar: “Esa es la justicia que Fujimori y la derecha, quieren”.