Editorial-La República (25/01/14)
El pedido hecho por la Fiscalía Penal Corporativa de San Ignacio para
que se condene a treinta años de prisión al actual presidente regional
de Cajamarca es un exceso lamentable.
El caso se remonta a casi un decenio atrás, cuando Gregorio Santos,
hoy presidente de la región Cajamarca, era dirigente de los ronderos de
San Ignacio y la señora Petronila Vargas fue sometida a juicio popular
luego de ser retenida por varias horas y flagelada. En la misma ocasión
se procedió a expulsar a Miguel Briceño, ex fiscal de San Ignacio, luego
de haber sido declarado persona no grata a la comunidad.
Petronila Vargas y el ex fiscal Briceño presentaron sendas denuncias.
La primera acusando a Gregorio Santos, a Ydelso Hernández, presidente
del Frente de Defensa de Cajamarca, y a Eliana Zavaleta –conocida
activista antiminera– por delito de secuestro; además demanda una
reparación civil de diez mil soles. En el segundo caso, se acusa a
Santos de delitos contra la libertad, secuestro agravado y resistencia a
la autoridad en agravio del fiscal Miguel Briceño y del Estado.
El caso permaneció durante años en los archivos judiciales, pero
súbitamente ha sido actualizado, con un pedido de prisión formulado por
la Fiscalía Penal Corporativa que insiste en la responsabilidad de
Gregorio Santos, demandando para él una condena a 30 años de prisión.
Según Santos, no existen pruebas que demuestren que él soliviantó a la
población ni que participó en los secuestros del fiscal Briceño y
Petronila Vargas.
En efecto, existen razones que llevan a creer que la reactivación de
este proceso se debe a un intento de ejercer presión política sobre
Gregorio Santos y, en caso de que se dicte sentencia en contra suya, que
se busque apartarlo a la mala de la actividad política, ya que si es
condenado a prisión por esas acusaciones, inevitablemente se dictaría
contra él una sentencia que lo inhabilitaría en sus derechos civiles y
lo obligaría a renunciar.
Como a nuestros lectores les consta, el presidente regional de
Cajamarca ha sido criticado en estas páginas y disentimos de varias de
sus propuestas y métodos. Este desacuerdo no significa que haya que
dejar pasar lo que a todas luces es una maniobra que busca manipular al
Poder Judicial y al Ministerio Público para dejar a Santos fuera de la
próxima coyuntura electoral e impedir que postule a la reelección.
Máxime si otros presidentes regionales son precisamente beneficiados por
su relación con la Fiscalía. Ni uno ni otro, la ley en su sentido justo
y proceso establecido.
Persiste en este caso la misma visión equivocada que ha empantanado la
situación en Cajamarca, que consiste en creer que la población de dicha
región se deja manipular por el discurso de unos cuantos dirigentes y
que sacados estos del espacio público Conga será bienvenida y todo se
arreglará. Esa visión es peyorativa para muchos cajamarquinos, reducidos
a un rebaño sin voluntad o pensamiento propios, y cargados de
prejuicios que pueden cambiar de signo.
Es ingenuo pensar que porque se lleva a prisión a Gregorio Santos las
cosas van a cambiar y, de pronto, la siguiente etapa de Conga se hará.
Lo que ocurrirá es que el actual presidente regional no tardará en
victimizarse y decir que es objeto de una persecución política decretada
por el gobierno central, el cual se vale del PJ para perjudicarlo. En
suma, si se quiere ver a Gregorio Santos cuatro años más como presidente
regional de Cajamarca no tienen más que insistir en la pretensión de
dejarlo fuera de juego de modo tramposo. Esa absurda acusación debe ser
desechada.
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