En medio de fuertes críticas por el pésimo manejo de la crisis sanitaria, el presidente de la República Francisco Sagasti dispuso el retorno a cuarentena en 10 regiones del Perú. Áncash, Pasco, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ica, Apurímac, Lima Región, Lima Metropolitana y Callao ingresarán a restricciones absolutas a partir del próximo domingo 31 de enero. Las restricciones que se prolongan hasta el 14 de febrero son las siguientes: inmovilización social obligatoria (puede ir a comprar una persona por familia), el transporte terrestre y aéreo queda suspendido, la salida peatonal será una hora diaria, estarán suspendidas las atenciones en restaurants (sólo delivery), iglesias, centros de culto, bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos, centros culturales, actividades de clubes, casinos, tragamonedas, gimnasios, cines, artes escénicas, galerías, centros comerciales, tiendas, etc.
Funcionarán al 40% las tiendas de abastecimientos de productos básicos, supermercados, mercados, bodegas, farmacias y bancos. Las 15 regiones restantes se clasifican en los niveles: “muy alto y alto”. Las restricciones son menores en comparación al “nivel extremo”.
¿Qué pasó en las regiones con nivel extremo de contagios? La indisciplina ciudadana provocó un alto índice de infectados y muertos por la COVID-19. Nuestros compatriotas rompieron los protocolos de bioseguridad (lavado de manos, distanciamiento social y portar la mascarilla), se organizaron actividades sociales como en tiempos normales, los vehículos de transporte operaban al 100% - sólo está permitido la mitad-, los establecimientos comerciales y restaurants incumplieron las disposiciones sanitarias y, subió a casi 50% el rechazo a una posible vacunación contra el virus. Es decir, la población empezó a ignorar la peligrosidad de la pandemia. Algunos sectores opositores a la ciencia mostraban posiciones anárquicas sobre la letalidad del virus.
El problema mayor radica en la débil organización del Estado. La burocracia para la reactivación económica ha hecho que actividades, proyectos y bonos orientados a ciertos sectores todavía no hayan llegado. Hay variedad de datos que imposibilitan conocer la realidad. El MINSA titubea con sus limitadas informaciones sobre el número de infectados, hospitalizados y fallecidos [infectados 1 millón 107 mil 239 personas, hospitalizados 11 mil 178 y personas fallecidas 40 mil 107]. Sin embargo, el SINADEF (Sistema Informático Nacional de Defunciones) informa que los fallecidos por el coronavirus oscila entre 80 y 120 mil peruanos. Muchos ciudadanos han muerto en sus domicilios sin haberse hecho las pruebas rápidas y moleculares que detectan la COVID-19.
Al igual que varios países europeos los peruanos volvemos a cuarentena. No son populares las “medidas drásticas” anunciadas por el presidente Sagasti. El confinamiento choca con la peor crisis económica del último siglo. El 74% de informalidad ha obligado a muchos peruanos a buscar una pequeña oportunidad laboral. El retorno a cuarentena y cierre de actividades públicas y privadas generará pérdida de trabajos eventuales y mayor crisis alimentaria. El bono de 600 soles anunciadas por el gobierno que llegará a 4 millones y medio de peruanos no solucionará la crisis económica que golpea a la mayoría.
Hay otro problema en el estado: la complicidad ante abusos e injusticias del poder económico. Quedó en silencio la deuda histórica por más 11 mil millones de soles que deben al erario nacional las empresas trasnacionales como Telefónica, bancos, empresas mineras, petroleras, aéreas y otras. Quedó encarpetada la propuesta de impuestos a la riqueza y la renegociación de los contratos con empresas mineras.
Si el Congreso legislara a favor el pueblo y el ejecutivo ejecutara las acciones patrióticamente se cobraría impuestos y deudas pendientes con una recaudación aproximadamente de 30 mil millones de dólares. Presupuesto suficiente para paliar la grave crisis económica que azota al país.
En medio de la peor crisis sanitaria y económica del siglo los peruanos estamos en la obligación de asumir responsablemente las disposiciones gubernamentales. No es momento de la desobediencia civil. Los demócratas somos respetuosos de las leyes. Cuidémonos todos.
Por: Segundo Matta C.
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