Mentiras de la Contraloría General de la República

Por: Segundo Matta Colunche

El pasado 06 de noviembre, la Contraloría General de la República (CGR) emitió tendenciosamente una nota de prensa acusando al Gobierno Regional de Cajamarca de haber incurrido en irregularidades que involucra a 130 millones de nuevos soles. Al descaro del infortunio conspiró con medios reaccionarios para denigrar honras de autoridades y un pueblo que lucha incasablemente en defensa del agua y la vida. 

Diarios como “El Comercio” y “Perú 21”, de propiedad del monopolio “Miroquesada”, con auspicio del fujimontesinismo, publicaron páginas completas de supuestas irregularidades, dedicaron editoriales e hicieron rebote a nivel nacional de todo su andamiaje de falsedades y mentiras, creyendo que con eso van a convencer al pueblo para que deje de luchar y retire el respaldo al presidente Gregorio Santos. Al contrario, la lucha se fortalece y la gran mayoría de peruanos reclaman cambios urgentes en las políticas del Estado Peruano (última encuesta de Datum y GFK).

En el informe se dice que, “La comisión auditora verificó que los hospitales no fueron construidos”, pero no se dice que los estudios de factibilidad de 05 hospitales (Cajabamba, Jaén, Cutervo, San Ignacio y Bambamarca)  fueron elaborados en la gestión anterior y la Asociación Los Andes de Cajamarca (ALAC), -ente corporativo de minera Yanacocha-, con serias irregularidades, terminó en diciembre del 2010, sin construir ninguno de estos.

Se ignora que los procesos para la construcción de los hospitales de Cajabamba y de Jaén (modalidad de contratación: Llave en Mano, sistema de contratación: A Suma Alzada), estaban en curso en el año 2012. Es indiscutible que si no se tienen elaborados y aprobados los expedientes técnicos, es imposible la ejecución de una obra pública; por lo que afirmar por adelantado que “...los hospitales no fueron construidos”, sin señalar lo anterior, es una información falsa. La Contraloría miente. Modalidad “llave en mano” significa que una sola empresa realiza los estudios y también los ejecuta.

De otro lado, irresponsablemente se manifiesta que “las obras de electrificación fueron ejecutadas pero se encuentran abandonadas”, en el descaro de faltar a la verdad, niegan que el caserío “Triunfo” (Los Baños del Inca) está energizada y funciona a nivel de alumbrado público, cuenta con instalación de medidores a domicilios, pero esta no funciona por falta de certificación del SER, que ya está en trámite. Igual proceso para todas las comunidades consideradas en el proyecto (4 caseríos). En la provincia de San Ignacio están en la etapa de recepción y energización 140 comunidades rurales-27 mil personas aproximadamente-. En los próximos meses se inaugurará. Contraloría miente.

Se dice también que “…los muros de contención (en Lajas) existían desde antes de la firma del contrato.”, afirmación totalmente falsa. La obra que beneficia a más de 4 mil personas, se ejecutó en esta gestión, con todos los documentos en regla y el próximo 24 de noviembre será inaugurada. La Contraloría insiste en mentir.

Como consta en informe emitido por PROREGIÓN a la CGR, ésta ha trasgredido los principios que rige el ejercicio del Control Gubernamental, regulado en la Resolución de Contraloría N° 061-2004-CG, que aprueba la Directiva N° 003-2004-CG/SGE – Normas sobre difusión y acceso a los Informes de Control Gubernamental, en cuyo Capítulo VI – Disposiciones Generales, numeral 6.2, se establecen tales principios, uno de ellos es el Principio de Reserva, en virtud del cual: “Se encuentra prohibido que durante la ejecución del control se revele información que pueda causar daño a la entidad, a su personal, o al sistema, o dificulte la tarea de éste último (…)”.

El proceso investigatorio no ha concluido, no se ha alcanzado el Informe Final del Examen de Auditoría, ni se ha hecho llegar al Titular del Pliego o  Unidad Ejecutora las conclusiones y recomendaciones del caso. La Contraloría adelanta opinión.

Una vez más se comprueban actitudes tendenciosas de una institución como la CGR, quien en lugar de fajarse por el Perú, responde a intereses de grandes grupos económicos sobreponiéndose a los de la mayoría de peruanos que tienen derecho a saber la verdad.