Cajamarca: Movimiento social, economía y democracia.

Escribe: Dr. César Aliaga Díaz

                Vicepresidente Regional de Cajamarca

El reciente conflicto socio-ambiental derivado del intento de llevar adelante el Proyecto Minero Conga en la cabecera de las cuencas de las provincias de Celendín, Hualgayoc y Cajamarca, que alberga un extraordinario sistema de lagunas y bofedales y una delicada pero magnífica biodiversidad, ha atraído la atención de muchos analistas del Perú y del mundo entero.

Y es que dicho conflicto, no sólo ha puesto en el debate público la inviabilidad de un proyecto minero que amenaza con provocar daños irreversibles en un ecosistema frágil y con destruir varias lagunas y las nacientes de cinco micro cuencas,  sino que ha sido capaz de proponer un debate mucho más profundo y complejo, el referido al mismo modelo de economía y al tipo de Estado vigentes en nuestro país.

En efecto, detrás de la recusación del proyecto Conga, está el cuestionamiento al modelo extractivista que, luego de veinte años de explotación aurífera, más allá de cierto crecimiento económico local y de su clásica función de proveedora de divisas y recursos fiscales, no ha sido capaz crear las condiciones para promover el desarrollo sostenible e integral, en vista de su patrón de acumulación extra regional, sus escasos encadenamientos con la producción local y su fuerte carácter depredativo del medio ambiente.

En la conciencia social regional ha terminado el mito de la minería como locomotora del desarrollo regional y empieza a gestarse, de manera cada vez consistente, la idea que otro modelo de desarrollo sí es posible: un modelo basado en las potencialidades productivas de nuestro territorio, de su gente y, obviamente, asentado en actividades económicas competitivas pero más amigables con el medio ambiente.

Este paso es fundamental, en la medida que no es preciso esperar que el ciclo de expansión minera termine para recién ponerse a pensar en las actividades que la deban sustituir, como ha ocurrido en otras experiencias históricas.

La historia económica muestra, en efecto, que las actividades extractivas de recursos naturales son precarias en el tiempo. Más temprano que tarde, deben de terminar, sea por una caída inesperada de los precios, sea por el agotamiento del recurso sobreexplotado o sea por otras razones sociopolíticas. Y entonces será muy tarde para pensar en un modelo diferente y para darse cuenta que el crecimiento de dicha actividad sólo favoreció a unos cuanto pero que su caída afectará a casi todos. Las historias peruanas del salitre, del guano de las islas, del caucho y de varios distritos mineros son bastante aleccionadoras al respecto.

Por eso, más allá de lo justo, necesario y urgente de la defensa de nuestros acuíferos, es un aporte trascendental del movimiento social de Cajamarca el poner en el debate nacional qué modelo de desarrollo queremos para nuestro futuro inmediato.

Y el otro debate que se abre con el levantamiento de Cajamarca es sobre el tipo de Estado que queremos forjar.

En efecto, la institucionalidad consagrada por la Constitución de 1993 ha mostrado en esta ocasión todos sus límites: Un gobierno nacional sometido a los intereses de los grandes oligopolios mineros del mundo, que es capaz de entregar concesiones, con enormes privilegios tributarios y administrativos, sin mayores exigencias ambientales y sociales y, sobre todo, sin tomar en cuenta, y hasta despreciando, la opinión y los sentimiento de los pueblos y de sus autoridades locales y regionales.

Y no sólo eso. Gracias a la protesta contra el Proyecto Conga, el país ha tomado conocimiento de la absoluta debilidad y falta de independencia y credibilidad de las distintas entidades encargadas de aprobar los Estudios de Impacto Ambiental y de realizar la fiscalización en materia ambiental, social y laboral. Seguramente pocos conocían que estas entidades carecían de los recursos necesarios para hacer bien su labor, limitándose a ser meras agencias de oficialización y convalidación de la accionar de empresas que, ante la falta total de control, actuaban y actúan con total impunidad.

El movimiento social de Cajamarca pone el acento sobre estos puntos trascendentales de nuestra institucionalidad democrática, exigiendo un Estado soberano, planificador y garante del desarrollo sostenible y verdaderamente descentralizado.

En efecto, en medio de todas las dificultades que naturalmente provoca toda situación de tensión y conflicto social, empieza a afirmarse también la conciencia sobre la necesidad de contar con un nuevo Estado, legítimo representante de todos sus pueblos y sobre todo de aquellos que ahora irrumpen en la escena oficial como masas descontentas y rebeldes, porque no tienen otra manera de incorporarse en un sistema que los ha excluido secularmente.

Y es que, a contra corriente, de quienes ha visto en los pueblos movilizados de Cajamarca un grupúsculo de “antimineros desfazados” o de “indígenas exacerbados por terroristas”, la verdad es que el movimiento social de Cajamarca no sólo ha dado muestras de madurez, de consistencia organizativa y de liderazgos firmemente relacionados con sus bases, sino que ha sido capaz de portar una corriente democratizadora y descentralista, sin precedentes en nuestro país.

Una característica esencial de este amplio movimiento social que ha estremecido las estructuras del poder, cuestionando aspectos centrales del modelo económico y político, es su carácter de frente amplio, no partidarizado y ciudadano: con una enorme deseo de ser escuchado, en vista que no existe en la institucionalidad vigente los canales necesarios para conducir sus expectativas, intereses y sueños.

Su irrupción en la escena pública oficial ha sido generalmente espontánea, recogiendo un fuerte descontento frente a las empresas mineras y sus abusos. Descontento que, salvo pocos casos de violencia, ha sido capaz de expresarse mediante una crítica radical y mordaz presente en movilizaciones generalmente pacíficas, ingeniosos canticos y consignas y magníficas caricaturas. Y es que la lucha es también una forma de afirmación de identidad y creatividad popular.

Este potente pero espontáneo torrente ciudadano no ha terminado todavía de configurarse como un sólido bloque popular. Hay todavía mucho por hacer para afirmar su unidad orgánica y programática, así como para seguir elevando la consciencia sociopolítica y la disciplina de todos los sectores presentes.

Todo lo cual no significa la disolución de las diversas organizaciones en una sola organización o partido, en la medida que la diversidad de tendencias presentes no sólo es saludable sino que es condición fundamental para construir un movimiento de amplia base. Pero se requiere pensar que el frente único, como decía Mariátegui, si bien no anula la personalidad de nadie, exige la acción disciplinada, solidaria y unitaria respecto de los puntos comunes y de convergencia entre los distintos actores.

Confiamos en que la madurez de los dirigentes sociales y políticos, ampliamente demostrada en distintos momentos de esta lucha, los llevará a comprender la necesidad de asegurar la unidad del pueblo más allá de la presente coyuntura. Las grandes tareas que nos quedan adelante exigen actuar con responsabilidad.