La vuelta a la época de la dictadura

Por: Segundo Matta C.

Este fujimorismo actúa con los mismos métodos de la historia siniestra de la década del 90. Se creen intocables, pulcros, sagrados y dueños del poder.

Durante la década del 90 [gobierno fujimontesinista] no sólo se atentó contra la independencia de los poderes del Estado, se utilizó el poder fáctico y las fuerzas del orden sumisas al poder político y económico para destruirlos y desaparecerlos. Bajo el aval de la Constitución del 93 se intervino al Tribunal Constitucional, Poder Judicial, Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, RENIEC, ONPE, Fuerzas Armadas y Policiales, organizaciones sociales y otras. El Legislativo y Ejecutivo estaba controlado por el fujimorismo. Los principales medios de comunicación vendieron su línea editorial y varios periodistas se alquilaron a intereses de la dictadura.

Pocos fueron los sindicatos y organizaciones políticas progresistas que resistieron a la represión de la dictadura. Utilizaron todos los poderes del Estado para justificar sus agresiones a la democracia [violación a los derechos humanos, fraudes electorales, privatizaciones, corrupción, etc.]. Todo estaba organizado para destruir al Estado.

Han pasado 25 años [1992-2017] desde aquel nefasto golpe de Estado que el fujimorismo acompañado de la derecha reaccionaria instalarán por cerca de una década en nuestro país. Las prácticas antidemocráticas resulta alentador para el fujimorismo de hoy – nada han cambiado, son peores-. La mayoría de andadas de los dirigentes del fujimorismo, dentro y fuera del Congreso, tienen similitud a lo sucedido durante la época más negra del Perú. Un parlamento mediocre de mayoría fujimorista que actúa con venganza y revanchismo contra todo los que ellos llaman “izquierda caviar”, congresistas involucrados en actos de corrupción, una mayoría que cumple a pie puntilla directivas indecentes, una lideresa [Keiko Fujimori] que pide guillotina a todos quienes tienen voces discrepantes con la década más corrupta; es decir, es el mismo fujimorismo autoritario que gobernó 10 años.

Este fujimorismo actúa con los mismos métodos de la historia siniestra de la década del 90. Se creen intocables, pulcros, sagrados y dueños del poder. Quieren convertir en “blanco claro y fino” a su lideresa aunque la mancha corroe toda su estructura. Los sobornos de Odebrecht han tumbado a la clase política tradicional. Keiko Fujimori tendrá que responder ante la justicia de este país por el gran escándalo internacional: caso Lava Jato; también está en camino la investigación por lavado de activos y cocteles. 

Las prácticas antidemocráticas fujimoristas están a la orden del día. Cualquier fiscal, juez, ministro, presidente regional, alcalde o dirigente social que cuestione el accionar del grupo naranja debe ser censurado. Consigna que se acuerda y se cumple como directiva de la cúpula.

Están en la mira el Tribunal Constitucional, el Fiscal de la Nación Pablo Sánchez, el ministro Carlos Basombrío, los presidentes regionales, los alcaldes, los líderes políticos regionales y los colectivos pro-derechos humanos. Todos ellos deben pasar por la “guillotina fujimorista” por cuestionar un posible indulto al reo Alberto Fujimori Fujimori. Nada los detiene, el odio y la venganza es su prioridad. Sueñan con el poder absoluto, con la segunda parte de la dictadura. 

Se equivocan, el desprecio por la democracia, por la gobernabilidad, por los derechos humanos los llevará al eterno suicidio político.

Venganza fujimorista

Por: Segundo Matta C.

Odio, frustración y venganza. El primero, es rechazado en cuanta reunión social se presenta, mientras que, el segundo lidera la mediocridad congresal. “Ni chicha ni limonada”.

El pasado martes 17 de octubre la Comisión de Constitución aprobó el Proyecto de Ley que eleva la valla electoral de 30% a 40% para la elección en primera vuelta de gobernadores y vicegobernadores regionales. La propuesta legislativa fue presentada por los congresistas fujimoristas, Segundo Tapia y Osías Ramírez. Ambos, parlamentarios por Cajamarca.

Los promotores de la iniciativa tienen una fuerte rivalidad con el Movimiento de Afirmación Social (MAS). Segundo Tapia, fue reelecto en el 2016 con el menor número de votos (6 mil 500 aprox.) frente a los candidatos de Democracia Directa (aliado del MAS) que superaron los 23 mil votos. Sin embargo, pese al poco respaldo ciudadano, Tapia se convirtió en uno de los seis congresistas por Cajamarca. 

Osías Ramírez, antes de ser Congresista, fue candidato a la Presidencia Regional de Cajamarca por Fuerza Popular en el 2014; a pesar de realizar una millonaria campaña política [clínicas particulares móviles, entrega de víveres y utensilios de cocina, movilización de más de un centenar de camionetas durante la campaña, publicidad permanente en medios radiales y televisivos, traslado de personas para sus mítines, compra de paredes y espacios para pintas y carteles, “alquiler” de candidatos locales, periodistas a sueldo, auspicios millonarios a actividades sociales, financiamiento a clubes deportivos, etc.] fue derrotado por el MAS por un contundente 44.5% frente al 17%. 

Odio, frustración y venganza. El primero, es rechazado en cuanta reunión social se presenta, mientras que, el segundo lidera la mediocridad congresal. “Ni chicha ni limonada”.

Empero, la venganza se traslada a la bancada fujimorista en pleno, quien fuera derrotada en primera y segunda vuelta en las elecciones generales del 2014. La fuerza política del MAS contribuyó a la derrota de la candidata de la dictadura fujimontesinista. 

El Proyecto de Ley fujimorista que tiene nombre propio: “MAS Cajamarca” es rechazado por juristas y líderes políticos. El Dr. Daniel Santos Gil Jáuregui afirma que “…la legitimidad no se puede garantizar forzando a la población a optar por el mal menor en una segunda ronda electoral. Es un artificio, una formalidad, que asegura un ganador, pero no legitimidad de ninguna clase. La valla del 30 por ciento, vigente, es más que razonable para garantizar, cuando menos, una legitimidad de origen, considerando, además, nuestro sistema de voto obligatorio, dado que estamos hablando de elección en primera vuelta, es decir de votos afirmativos”.

También se pronunció el expresidente de Junín, Vladimir Cerrón: “elevar la valla electoral regional a 40% es temor a futuros triunfos de la izquierda peruana ¿Y a cuánto se eleva la valla para ser congresista?”. Similar postura tuvieron líderes de MAS Democracia, Nuevo Perú, Frente Amplio y Peruanos Por el Kambio. 

Preguntamos a quienes falsamente afirman que elevar la valla electoral permitiría legitimidad en autoridades regionales. Desde el año 79, en la Constitución Política del Estado se incluyó una valla del 50% más uno para la elección del Presidente de la República en primera vuelta. Desde esa fecha ¿Quiénes de los presidentes han tenido legitimidad? ¿El dictador Alberto Fujimori quien realizó un golpe de Estado para perpetuarse ilegítimamente en el poder? ¿Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala quienes alcanzaron la aprobación más baja de Latinoamérica y hoy corridos, investigados y presos por corrupción? ¿PPK, el tecnocrático que agoniza en el primer año de gobierno y para mantenerse unos días más se subordina a una mayoría fujimorista antidemocrática? Ante el vacío intelectual, cualquier cosa es ley. 

Coincidimos con Igor Irigoín Cabrera “…las barreras están justamente para saltarlas y elevarse por encima de la infamia, el crimen y el saqueo que no pasarán”. El MAS se prepara para darle el quinto triunfo a Cajamarca.