martes, 9 de febrero de 2016

Basta de abusos ¡Goyo libertad!

Por: Segundo Matta Colunche

Mañana el Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria debe resolver el cese de prisión preventiva contra el candidato presidencial, Gregorio Santos Guerrero. El fiscal, Walter Delgado tenía 15 días para presentar la acusación fiscal; sin embargo, ya pasaron 58 días desde el 11 de diciembre y hasta el momento no ha presentado nada.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirma que la prisión preventiva en América Latina es un abuso, es un “mecanismo legal” que aprovechan los poderes económicos y políticos para encarcelar a opositores. Bajo argumentos legales, la CIDH otorgó una medida cautelar a favor del encarcelado Gregorio Santos exigiendo al Gobierno peruano revisar el proceso de prisión preventiva.

El gobierno de Perú, bajo la presidencia de Ollanta Humala Tasso, no cumple los convenios internacionales por una acción de represalia y por considerarlo a Santos un “líder antiminero”.  El organismo internacional, reconoce que detrás de la detención del líder izquierdista hay una persecución política y, por lo tanto, la prisión preventiva es injusta y vulnera los derechos humanos.

El Nuevo Código Procesal Penal Nacional castiga por adelantado al investigado en casos de: peligro de fuga y obstaculización a la justicia [presupuestos materiales]. Sin embargo, Gregorio Santos apoyó en todos los procesos de investigación, se presentó en cuanta citación llegaba de instancias de investigación, es reelecto presidente regional de Cajamarca (44.8% de votos) y candidato presidencial por Democracia Directa. Además, en todas sus declaraciones el mandatario regional ha expresado su interés de apoyar en todos los procesos de investigación para determinar responsabilidades por los supuestos actos ilícitos. Entonces, no hay razones para seguir manteniéndolo bajo rejas.

La libertad como un derecho humano, amparado en la Constitución Política del Estado es cuestión de justicia. El debate de su libertad se extiende a los medios de comunicación. Hace algunos días 3 analistas coincidieron que existe una carcelería injusta contra Gregorio Santos [RPP-01/02/16]. Igual postura tuvo el representante de Transparencia Internacional y el polémico periodista Phillip Butters (Radio Capital, 05/02/16).

El debate sigue, en su editorial [La República, 08/02/26] indica: “El caso del candidato Gregorio Santos, de Democracia Directa, que no obstante haber sido acreditado como aspirante a la Presidencia de la República no puede realizar la campaña electoral a la que tiene derecho, debe ser resuelto sin más dilaciones por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE)”. El diario nacional también toma la opinión de la (CIDH), “…la CIDH ha otorgado a Santos una medida cautelar instruyendo al Estado a que cumpla los estándares internacionales respecto de las condiciones de su detención. Lo que ahora sucede con su candidatura forma parte de ese emplazamiento y es deber del Estado llevar a cabo los arreglos legales para impedir un trato ilegal a una candidatura legal que tiene derecho a la neutralidad del Estado”.


De acuerdo al Nuevo Código Procesal Penal hay más razones suficientes para la libertad de Santos. 1) No hay peligro de fuga ni obstaculización a la justicia; 2)La fiscalía tiene 40 meses investigando, cuando el plazo normal son 08 meses; 3) 25 meses de prisión preventiva, cuando el plazo regular son 9 meses; 4) 15 días para presentar acusación empero ya pasaron 58 días y no se ha presentado nada; 5) 3 hábeas corpus no admitidos, 18 meses sin resolver, cuando se resuelve en 24 horas; 6) 106 procesos de investigación en contra de Santos, sin que hasta el momento tenga alguna acusación fiscal; etc. Basta de abusos ¡Gregorio Santos libertad!

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