Sentencia anticipada contra Goyo

Por: Segundo Matta Colunche

Mitín multitudinario contra el proyecto minero Conga

Desde el 25 de junio de 2014, el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero, cumple prisión preventiva por supuestos actos de corrupción en la administración pública. Han pasado más de 3 años de investigación preliminar y, el fiscal supra provincial Walter Delgado no ha encontrado argumentos para denunciar al líder izquierdista.

El último fin de semana, Walter Delgado, encargado de las investigaciones que se le sigue a Gregorio Santos por presuntos delitos de corrupción solicitó en una carpeta de más de 680 páginas, la ampliación de prisión preventiva por 22 meses. Hace más de un año, la jueza Mercedes Caballero por encima del Nuevo Código Procesal Penal dictó prisión preventiva a Santos por 14 meses contraviniendo al artículo 269 que precisa el peligro de fuga para procesados por delitos graves: a) tener arraigo, trabajo y domicilio conocido, b) gravedad de la pena, que supera cuatro años de pena privativa de la libertad, y c) comportamiento del imputado. No manipular prueba y colaborar con la justicia.

Ninguno de los Presupuestos Materiales del Nuevo Código Procesal Penal cumplió para injusto encarcelamiento de Santos. Goyo tiene trabajo y domicilio, fue reelecto presidente regional de Cajamarca. Tiene familia. El fiscal todavía no ha fundamentado los delitos de control de acusación para hacer los descargos respectivos de las imputaciones (más de 3 años de investigación). Y, Gregorio Santos siempre ha colaborado con la justicia en los 98 casos que se le ha abierto investigación. Nunca ha burlado los procesos que se le sigue.

En el expediente 91-2014, de 96 tomos y 57 anexos (40 mil páginas aproximadamente), la fiscalía Supra provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, ha ampliado la investigación contra Santos en 10 oportunidades. Sin pruebas fehacientes.

De acuerdo a la complejidad de la investigación, el proceso se divide en tres etapas: investigación preparatoria, etapa intermedia y juicio oral. Han pasado más de 3 años y el caso de Gregorio Santos está en la etapa de investigación preparatoria-primera etapa-. No es más que un revanchismo político por oponerse al modelo extractivismo salvaje y cuestionar duramente al sistema económico y normativo del país.

El Fiscal Delgado ha presentado “colaboradores eficaces” sin identidad, fotografías que no dicen nada, cuaderno apócrifo sin peritaje grafotécnico y grafológico para determinar la veracidad de lo que se dice, no existen audios, vídeos o fotografías que comprueben las acusaciones. Se cuestiona 11 procesos de licitación y que las obras no existirían, cuando a la vista de los cajamarquinos y de los mismos “investigadores” todos los procesos de licitación tienen sus respectivos comités que no integra el presidente. Además, la mayoría de obras ya están concluidas y puestas al servicio de la población.

El gobierno regional en pleno, desde el 2011 está siendo investigado por la Contraloría General de la República, Congreso de la República, Consejo Regional, Órgano de Control Interno y todas las entidades de fiscalización. Se ha dado todas las facilidades a los Órganos de Control para las investigaciones convirtiéndose en la institución pública regional más investigada de los últimos tiempos. Revanchismo y persecución por ser un gobierno contestatario.

Empero, en opiniones adelantadas, el fiscal Delgado considera que Santos es un líder importante en la región y que podría manejar a funcionarios y entorpecer las investigaciones. Delgado niega por antonomasia que el poder en un gobierno de izquierda es totalmente diferente a los caudillos reaccionarios, en el Movimiento de Afirmación Social todos quienes asumen responsabilidades de gobierno, políticas o sociales son evaluados permanentemente por el colectivo social y las bases. Santos es un líder nato en la región, un rondero y un político de principios.

Este sistema político -ilegal- obediente del poder económico ha sentenciado por adelantado a Gregorio Santos, pero no dice nada sobre los hechos de corrupción y narcotráfico más que comprobados contra Keiko, García, Toledo, Ollanta y Nadine.  En Cajamarca, el fujimorista Joaquín Ramírez afronta un proceso de investigación por narcotráfico y lavado de activos, sin embargo, éste no ha pasado ni una hora tras las rejas.

En un país donde la justicia está “patas pa´arriba”, a Santos se le mantiene 14 meses en prisión preventiva, en cárceles de máxima seguridad, sin respetar el debido proceso y atropellando los convenios internacionales (169 OIT); mientras que a los saqueadores del país, quienes entregaron nuestros recursos naturales a las trasnacionales, los antipatriotas, los mercenarios de la información, los que han asesinado a los campesinos se pasean libremente por las calles con total impunidad.

Este martes 12 de agosto, la jueza Mercedes Caballero definirá la situación legal de Santos. Esperamos su libertad, caso contrario reafirmaremos que se sigue consumando la injusticia más cruenta de los últimos años, a lo que le llamamos prisión anticipada. Queda claro que en un país donde no hay independencia de poderes, la libertad y democracia son solo líricas.