Por: Segundo Matta Colunche
Protesta exigiendo justicia. Foto: Cortesía Cajamarca Reporteros |
La
Ley Nº 30151 aprobada el 13 de enero del 2014 por el Presidente de la
República, Ollanta Humala Tasso, libra de culpa a militares y policías ante
muerte de civiles.
El cruel asesinato
del ciudadano Fidel Flores Vásquez (30-10-14) por efectivos de la Policía
Nacional, durante un desalojo en Cajamarca dispuesto por la juez Carmen Araujo
Cachay, titular del Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Cajamarca, ha
generado debate nacional por el uso indebido de la fuerza y las decisiones
desproporcionadas de quienes administran “justicia” en el Perú.
El Gobierno Central, a
través del ministro del Interior, Daniel Urresti, ha tomado decisiones chavalas
y coyunturales sin hacer una autocrítica sobre los problemas de fondo, mientras
ruedan las cabezas de los que cumplen las directivas de arriba. No se ha
cuestionado un ápice a la Ley 30151 aprobada por el gobierno de Ollanta Humala
que libra de culpa a militares y policías ante muerte de civiles. No se ha
dicho nada sobre leyes que responden al Modelo Neoliberal que permiten mantener
el statu quo de los poderosos y avalan la intervención impune en las protestas sociales
con la finalidad de invadir territorios y proteger la “inversión privada” que
según ellos es la “piedra angular del crecimiento económico”.
Se ha abierto
investigación preliminar contra 06 efectivos policiales que participaron en el desalojo, así como a quienes
dirigieron el repudiable acto: el comandante Jorge Carmona Reyes y el coronel
German Carvajal Bellido, se ha rotado al general Jorge Luis Gutiérrez Senisse,
y la OCMA ha abierto investigación contra los jueces Carmen Araujo Cachay y Eduardo
Uceda Flores, el último es quien libro de prisión preventiva al sub-oficial de
tercera Nórvil Gonzáles Silva, quien habría efectuado el disparo al infortunado
Fidel Flores. Pero sólo eso. Nada más.
Sin embargo, nadie
pide investigar y sancionar a quienes aprobaron la ley para matar. Los
“opinólogos” reaccionarios mutis ante la impunidad. Más por el contrario han
salido a defender la funesta y cruel muerte de Fidel Flores, como Aldo
Mariátegui (Perú 21) que en su columna de hoy dice: “…o que por politiquería se remueva a la jueza
que no paró ese desalojo en Cajamarca, simplemente porque no se acobardó ante
un desdichado e iracundo señor que recibió a los efectivos de la Policía con
bombas molotov, fierros y piedras. Y ya se está haciendo demasiada demagogia
con un lamentable incidente policial.” Para avalar la impunidad descalifican la actuación de los
civiles y glorifican el salvajismo de algunos irresponsables uniformados. ¿Es
demagogia y politiquería condenar tal execrable hecho? ¿Es politiquería expresar
solidaridad con la familia? ¿En qué cabeza cabe esto? Luego dicen: ¿Dónde están
las organizaciones políticas cuando éstas callan?
Es condenable por cierto que se utilice
políticamente el sentimiento de una familia. Sin embargo es necesario aclarar:
no se ha visto a ningún dirigente político y social utilizar símbolos o frases
de su agrupación en las protestas de solidaridad. Por lo tanto señor Urresti,
Cajamarca expresa su rechazo no solo a la actitud delincuencial de algunos
efectivos policiales o decisiones anticonstitucionales de quienes administran
justicia, sino a quienes aprobaron leyes que avalan actos criminales.
¡Cajamarca exige justicia! El gobierno de
Humala asesinó a 05 hermanos cajamarquinos que defendían sus tierras y el agua
durante las protestas contra Conga, sin embargo hasta el momento no hay
responsables. Asesinan salvajemente al ciudadano Fidel Flores, se tortura a su esposa
y a sus hijos del infortunado, pero a pesar de pruebas contundentes solo hay
rotación de responsables, ninguno de ellos incluido los autores intelectuales
han ido a la cárcel.
¿Cuántas muertes más para escuchar al
pueblo? Desde nuestro modesto punto de vista necesitamos leyes que respeten los
derechos humanos y las decisiones de las mayorías.
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