Por: Segundo Matta Colunche
Mientras
García, Toledo, Keiko y Ollanta siguen libres con total impunidad, el poder
económico presiona al Fiscal, Walter Delgado, para que solicite la prisión
preventiva contra el líder del Movimiento de Afirmación Social (MAS), Gregorio
Santos Guerrero.
Nada ha condicionado
la libertad de investigar; al contrario, el gobierno regional y su presidente
Gregorio Santos, han mostrado toda su disposición para que, en el marco de la
independencia y la verdad, se lleve a cabo los procesos de investigación sobre
supuestas irregularidades en la unidad ejecutora PROREGION.
Empero, el ex Fiscal
de la Nación, José Peláez Bardales, y el actual Fiscal de la Nación, José Ramos
Heredia; desde un inicio se parcializaron respecto a los hechos que se vienen investigando
en Cajamarca. Incluso, llegaron al extremo de pedir cárcel para Santos, antes
de que dichas investigaciones concluyan, contraviniendo así las normas
constitucionales.
Sino recordemos
cuando el Fiscal Ramos Heredia, llegó el pasado primero de junio a Cajamarca
para dizque celebrar “un año del convenio entre Rondas Campesinas y Ministerio
Público”, para luego manifestar, después de reunirse con operadores de
Yanacocha, que: “Se está evaluando pedir
la prisión preventiva para Gregorio Santos”. Como se sabe, estas declaraciones contravienen
la independencia de los Fiscales que tienen a cargo las investigaciones. Es así
que, respondiendo estrictamente al llamado de la derecha, sin haber investigado
y sin tener los elementos probatorios contra el líder izquierdista, dicho
fiscal ayer formalizó el pedido de prisión preventiva de Gregorio Santos. Este
hecho no nos sorprende; ya que, desde hace meses que denunciamos que en Lima,
se estaban reuniendo el grupo El Comercio y la CONFIEP, para acordar la forma
cómo iban a presionar al Fiscal Delgado para que este solicite la prisión de
Santos.
Ya desde octubre del
2011, luego que estalló el conflicto Conga, se desató una persecución en todos los
niveles: Procesos de investigación (38), intervención de la Contraloría,
recortes presupuestales, paralelismo de la gestión regional por parte del
gobierno nacional y empresas mineras, millonarias campañas mediáticas que
buscan desacreditar a Goyo, etc. Incluso, como se recordará, existen audios que
probarían que Yanacocha pretendía en el 2012 formar bloques políticos, al interior del Consejo Regional,
para que se opongan a Santos, a cambio de 5 o 6 millones de soles como se
escucha en el referido audio.
Como se sabe, en éste
país la protección a los poderosos es más que evidente. Por ello, los poderes
del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), en plena complicidad con los
medios de comunicación, están blindando a la mafia que ha gobernado y gobierna
el país. Sino veamos como funcionó el borrón y cuenta nueva para Alan García y los
promotores de: los petroadios, los narcoindultos, los colegios emblemáticos y
las matanzas en el baguazo. Y no es el único caso, igual “suerte” tuvieron
Alejandro Toledo (por el caso Ecoteva), Keiko Fujimori (quien utilizó los
recursos del Estado para sus estudios en el extranjero) y Kenji Fujimori (a
quien se le encontró pasta básica de cocaína en una de sus empresas). Dicho
blindaje cubre hasta al mismo Ollanta y a sus ministros a quiénes no se les
investiga por los casos: Helios (contratos millonarios con el Estado, cuando su
principal accionista René Cornejo, fuera ministro de Vivienda), la compra irregular
de aviones y satélites, kaliwarma, medicinas, etc.
Ante el carga montón
mediático patrocinado por las mineras, queremos dejar claro que: el Fiscal
Delgado tendrá que probar en la audiencia tres presupuestos materiales para
lograr la detención de Santos, estos son: 1) Que existan fundados y graves
elementos de convicción; 2) que la sanción a imponerse sea superior a 4 años de
pena privativa de la libertad; y, 3) que el imputado en razón a sus
antecedentes trate de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u
obstaculización. Estos tres prerrequisitos para la prisión preventiva tienen
que cumplirse obligatoriamente. Por ello, podemos declarar al pedido del fiscal
como una clara muestra de persecución política ¡Alto a la arbitrariedad!
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