Otra vez: Impunidad aprista

Por: Segundo Matta Colunche

Alan García: "La plata llega sola"

El costo global de corrupción creció consistentemente en el periodo 1960-1989, alcanzando un estimado anual medio de alrededor de mil millones de dólares en la década de 1980 (Primer gobierno de Alan García). En este periodo, el Perú perdió producto de la corrupción el 35% del gasto y 3,7% del PBI. (Alfonso Quiroz, en su libro: Historia de la Corrupción en el Perú).

En tiempos de amnesia, es importante revisar alguna bibliografía que refresque la memoria sobre los hechos desastrosos que llevaron a nuestro país al preocupante bloque del “tercer mundo” o como dicen los neocapitalistas “en vías de desarrollo”. Releer “Historia de la Corrupción en el Perú”, del investigador peruano Alfonso Quiroz, corrobora las barbaridades de los poderes judicial, económico y político aliados con Alan García, para limpiarlo de polvo y paja. Esto no es nuevo.

Luego que el juez constitucional de Lima, Hugo Velásquez Zavaleta, anulara las ocho conclusiones de la Megacomisión sobre el ex presidente Alan García Pérez (narcoindultos, petroaudios, DS para favorecer a empresas que construyen los Colegios emblemáticos e interceptación telefónica; todos ellos relacionados con actos de corrupción-enriquecimiento ilícito-), las protestas no se hicieron esperar. Las calles de Lima, Arequipa, Chiclayo, Trujillo, Huancayo y otras ciudades fueron escenarios de manifestaciones populares. El pueblo le dijo no a la corrupción y las componendas APRA-Poder Judicial.

La historia se agrava en 1985 (Primer quinquenio de García): Los dólares MUC, beneficiaron a una docena de grupos empresariales, aproximadamente, y cuyos líderes pasaron a ser conocidos como los “12 apóstoles”, por su compromiso con García. Investigación confirma que contribuyeron a la campaña presidencial, pero enviaron al país al descalabro económico.

Las burocracias claves como el Banco Central de Reserva (BCR), el Departamento de Contribuciones (DGC) y el Seguro Social (IPSS) fueron controlados por funcionarios apristas. Los amigos cercanos de García y su partido, como algunos empresarios, tuvieron acceso a dólares con tasa de cambio subvaluada para sus propios negocios privados. El sistema de justicia mantuvo una decadencia que parecía imparable. García impuso la selección de varios jueces entre miembros de su partido. Apoyaron a la impunidad y varios de ellos siguen controlando la institución actualmente. Narcotraficantes operaban con virtual impunidad sobornando a jueces, mientras que los magistrados de Lima y provincias temían condenar a terroristas.

En 1987, Dionisio Romero, uno de los banqueros más ricos e influyentes del Perú, declaró en Canal 5 TV, que él había contribuido al financiamiento de la campaña de García. El sospechoso papel desempeñado por el gobierno aprista en un posible encubrimiento del tráfico de armas en conexión con el general Manuel Noriega de Panamá. Las obras públicas fallidas o ineficientes como el costoso tren eléctrico, anunciado como la solución al problema del transporte de Lima, y el proyecto de irrigación de Chavimochic, en la región norte, pasaron a ser símbolos íconos de la corrupción aprista.

Son tan solo algunos de los tantos actos de corrupción que describe Alfonso Quiroz, sumado a los sanguinarios grupos paramilitares como el llamado “Rodrigo Franco” y la violación de los derechos humanos, como la masacre y asesinato de 300 internos del Frontón. Los jueces apristas con el contubernio del gobierno fujimorista limpiaron de polvo y paja a García y convirtieron en “angelito” para luego asumir la presidencia por segunda vez (2006-2010).

Las investigaciones también determinan, que García tuvo el apoyo del gobierno norteamericano y el representante de la CIDH, su amigo expresidente de Colombia, César Gaviria. Ambas instituciones adujeron que García era inocente y que las denuncias eran producto de una persecución de la dictadura, cuando fue el gobierno de Fujimori quien ayudó a que varias denuncias que deberían ser investigadas en el Congreso se archivaran.

La decisión del juez Hugo Velásquez, no es otra cosa que repetir lo que sus compañeros de partido ya hicieron durante la década del 90. Impunidad aprista, se evidencia otra vez. Cajamarca rechaza.