Por: Segundo Matta Colunche
Presidente y Ministro CONFIEP |
Según
encuesta nacional GFK-La República, presidente Ollanta Humala tiene 20% de
aprobación (18 puntos menos que enero) y el deslegitimado premier René Cornejo
inicia su gestión con 10% de aprobación, la más baja de todos los presidentes
del Consejo de Ministros de la gestión “nacionalista”.
Los últimos escándalos que sacudieron
las entrañas del Poder Ejecutivo, han tenido repercusión en la aprobación de la
gestión del gobierno de Ollanta Humala. Hoy no queda duda que los resultados de
legitimidad también pasa factura al poder económico, quien es el que digita los
cambios en los ministerios y dirige las políticas públicas en la gestión humalista.
Con total cinismo la derecha
representada por: el fujimorismo, APRA y el PPC; han cuestionado a la CONFIEP,
por su intromisión en asuntos de estricta decisión del presidente. Ahora, de
forma descarada, pretenden negar que: fueron ellos quienes vendieron las
instituciones del Estado a manos privadas para que decidan el futuro del país. Sino
recordemos que, durante la época del fujimorismo redujeron a su mínima
expresión las instituciones públicas, poniendo todo en manos del mercado (el
capital).
Asimismo, en el segundo gobierno de
Alan García, se hizo un uso abusivo, indiscriminado e inconstitucional de los decretos
de urgencia (DU) expidiendo en el último quinquenio 383 de esas normas, que
abarcaban materias que iban desde la regulación de las escalas salariales de
los altos funcionarios del Estado hasta la disposición de excepciones sobre
límites presupuestales. Según un estudio que publica IDL, de las 525 normas con
rango de ley emitidas por el Poder Ejecutivo entre el 2006 y 2011, 383 fueron Decretos
de Urgencia; es decir, el 72.95% de toda la producción legislativa. Varias
de las normas emitidas otorgaban concesiones abiertas de puertos, minas y
bosques a las trasnacionales mineras y petroleras. Por ello, ya nadie puede
negar la alianza CONFIEP-APRA.
El PPC, con el
cuento de la “gobernabilidad” siempre actuó como segundón en todos los
gobiernos (las cuotas de poder fueron más fuertes y convenientes que la
institucionalidad ética y moral de las bancadas). Toledo siguió el mismo
camino, he allí el origen del sombrío recuerdo que acompaña a su gestión. Ollanta
Humala va en esa dirección.
Del Humala que ganó
el gobierno a nombre del pueblo ya no queda nada; por eso, hace todo lo
contrario a lo que alguna vez prometió. La alianza Humala-CONFIEP, sepulta la
esperanza de tener un gobierno “nacionalista” como se hacen llamar. La
aprobación del 20% del presidente Humala lo ubica en el limbo, desde que asumió
el gobierno. Este descontento es generalizado; puesto que, también alcanza a la
primera dama, Nadine Heredia, que tiene apenas un 27% de aprobación. Dicha
impopularidad es lógica, si se tiene en cuenta que es Nadine Heredia quien hace
el papel de comunicadora de las decisiones que toma la burguesía apátrida.
No solo desaprobación
nos trae esa encuesta. También nos dice que: la ciudadanía exige que se ponga
en debate el salario mínimo vital (88%),
que la primera dama no interfiera en decisiones del ejecutivo (78%), que el
premier Cornejo aclare sus vínculos empresariales con el Estado (71%), que
prioricen el trabajo en educación (71%), seguridad ciudadana (62%) y Salud
(55%). Ojalá esta vez la voz del pueblo sea escuchada.
Podemos concluir
que, pese al cuestionado voto de confianza, Cornejo inicia su gestión
deslegitimado; ya que, sólo el 10% de la población la aprueba. En resumen
diremos que: Presidente y Primer Ministro están en el limbo.
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