Estado peruano incumpliría su compromiso de protección ante el BID
Lima
La necesidad de obtener más gas está impulsando al Estado peruano a promover más inversiones en la cuenca de Bajo Urubamba y debilitar el marco legal de las Reservas Territoriales para indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial, señalaron especialistas de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales-DAR a INFOREGIÓN.
Prueba de ello, es la aprobación de ampliación de las actividades de extracción de gas del Lote 88 y la propuesta de crear un nuevo lote en Fitzcarrald, ambas superpuestas con la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros (RTKNN), que generarían mayor presión sobre la población indígena aislada que habita esta Reserva.
En este sentido, el viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra, informó que el Estado está trabajando en el proceso de adecuación de Reservas Territoriales a Reservas Indígenas. Sin embargo, en este proceso de adecuación preocupa que se elimine el Decreto Supremo N°028-2003-AG (que prohíbe actividades económicas en la RTKNN) o se reduzca el área de la Reserva Territorial, para posibilitar así nuevos lotes y más actividades de hidrocarburos en esta área.
Contrario a este panorama, este proceso de adecuación tendría que ser una oportunidad para que el Estado evidencie el respeto a los derechos de los pueblos indígenas aislados y en contacto inicial, incorporando en la Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial (Ley 28736) y su reglamento, los estándares de protección establecidos en el Decreto Supremo N°028-2003-AG.
“Los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial garantizados en el Decreto Supremo N° 028-2003-AG no pueden ser restringidos por otras normas”, dijo Iris Olivera, especialista del Programa Social Indígena de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR.
Es necesario recordar que el principio de intangibilidad sobre áreas ocupadas por pueblos indígenas aislados, es necesario para garantizar sus derechos fundamentales como el derecho a la vida, ya que por su condición, son poblaciones altamente vulnerables. Por tanto, resultaría incompatible promover actividades extractivas en dichas áreas.
Lamentablemente, estos temas no fueron abordados adecuadamente en las discusiones de la XI Reunión de las Partes Interesadas del Proyecto Camisea del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizado ayer en Lima.
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