Por: Segundo Matta Colunche
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| Desde la OEA Juan Jiménez Mayor expresa información distorcionada del informe de la CIDH |
Con fecha 05 de mayo
de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en
Washington (EE.UU), solicita el Gobierno Peruano informe dentro del plazo de 15
días sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas para garantizar la
vida y la integridad personal de los líderes ambientalistas y defensores de
derechos fundamentales de sus pueblos, autoridades, y periodistas que han sufrido represión por
parte de las fuerzas del orden, debido a su oposición al proyecto minero Conga
por estar ubicado en cabecera de cuenca.
En el informe que
consta de 12 páginas, la CIDH, en aplicabilidad a la defensa de los derechos
humanos de acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su
Reglamento (Costa Rica, noviembre 1969), considera que la denuncia interpuesta
por las Organizaciones Sociales del Perú (CONACAMI, AIDESEP, CPP, CNA, ONAMIAP)
reúnen los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en su
artículo 25 de su reglamento. Por lo tanto la Comisión solicita al Gobierno del
Perú:
a) Adopte las medidas necesarias
para garantizar la vida y la integridad personal de las beneficiarias y
beneficiarios, b) Concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios, beneficiarias
y sus representantes; y c) Informe sobre las acciones adoptadas a fin de
investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de las medidas
cautelares requeridas y actualizar dicha
información en forma periódica.
Centrándonos en la
parte “c”, la Comisión solicita al Gobierno del Perú que tenga a bien informar,
dentro del plazo de 15 días contados a partir de la fecha (05 de mayo) de la citada
resolución, sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas y actualizar
dicha información en forma periódica. En ningún acápite de las conclusiones
dice que, “el proyecto Conga debe continuar sus operaciones” como
malintencionadamente ha expresado ayer el expresidente del Consejo de Ministros
y representante del Perú ante la OEA, Juan Jiménez Mayor y que
irresponsablemente varios medios de comunicación de Lima han difundido. En el extremo
de la irresponsabilidad, estos medios, informan que la CIDH se ha pronunciado en
contra de los dirigentes ambientalistas de Cajamarca. Tan falso que solo cabe
en la cabeza de quienes desde hace años informan o hacen lo que les dicta el
Poder Económico.
El expremier de
Ollanta Humala, Juan Jiménez Mayor, vive en Washington (EEUU), lugar donde
residen los principales accionistas de Yanacocha (Newmont). Lo expresado por él,
deja entrever que las decisiones se digitan
desde el imperio norteamericano y que el gobierno peruano dependiente
del intervencionismo capitalista, solo acata y reproduce las decisiones que
allí se tomen; en todo caso, muestra su total desconocimiento del derecho
internacional y además, la mala intención del Gobierno Peruano en su intento de
favorecer a los grandes capitales.
En su defensa, el
Gobierno Peruano niega, ante la CIDH, haber utilizado las fuerzas del orden
para reprimir y matar a cajamarquinos, pero también hace una defensa descarada
a la empresa Yanacocha. Con ello se demuestra que hay una confabulación del
gobierno humalista con una de las empresas mineras más cuestionadas en el Perú.
Se evidencia la traición de este gobierno. Leer: www.derechoysociedad.org.
Mientras tanto, las
organizaciones sociales asesoradas por Zulma Villa Vílchez, del Instituto
Internacional de Derecho y Sociedad, ya remitieron una Comunicación a la CIDH,
dando a conocer la tergiversación de información por parte del Gobierno Central
en los diferentes medios de comunicación.
“Las declaraciones de
Juan Jiménez exacerba los ánimos de la
población cajamarquina que desde el año 2011 protestan contra el megaproyecto
minero Conga”, afirman en sus descritos. Una vez más el Gobierno compromete
internacionalmente a los peruanos.
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