viernes, 9 de mayo de 2014

Otra vez el Gobierno compromete internacionalmente al Perú

Por: Segundo Matta Colunche


Desde la OEA Juan Jiménez Mayor expresa información distorcionada del informe de la CIDH

Con fecha 05 de mayo de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington (EE.UU), solicita el Gobierno Peruano informe dentro del plazo de 15 días sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas para garantizar la vida y la integridad personal de los líderes ambientalistas y defensores de derechos fundamentales de sus pueblos, autoridades,  y periodistas que han sufrido represión por parte de las fuerzas del orden, debido a su oposición al proyecto minero Conga por estar ubicado en cabecera de cuenca.

En el informe que consta de 12 páginas, la CIDH, en aplicabilidad a la defensa de los derechos humanos de acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su Reglamento (Costa Rica, noviembre 1969), considera que la denuncia interpuesta por las Organizaciones Sociales del Perú (CONACAMI, AIDESEP, CPP, CNA, ONAMIAP) reúnen los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en su artículo 25 de su reglamento. Por lo tanto la Comisión solicita al Gobierno del Perú:

a)   Adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de las beneficiarias y beneficiarios, b) Concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios, beneficiarias y sus representantes; y c) Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de las medidas cautelares requeridas  y actualizar dicha información en forma periódica. 

Centrándonos en la parte “c”, la Comisión solicita al Gobierno del Perú que tenga a bien informar, dentro del plazo de 15 días contados a partir de la fecha (05 de mayo) de la citada resolución, sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas y actualizar dicha información en forma periódica. En ningún acápite de las conclusiones dice que, “el proyecto Conga debe continuar sus operaciones” como malintencionadamente ha expresado ayer el expresidente del Consejo de Ministros y representante del Perú ante la OEA, Juan Jiménez Mayor y que irresponsablemente varios medios de comunicación de Lima han difundido. En el extremo de la irresponsabilidad, estos medios, informan que la CIDH se ha pronunciado en contra de los dirigentes ambientalistas de Cajamarca. Tan falso que solo cabe en la cabeza de quienes desde hace años informan o hacen lo que les dicta el Poder Económico. 

El expremier de Ollanta Humala, Juan Jiménez Mayor, vive en Washington (EEUU), lugar donde residen los principales accionistas de Yanacocha (Newmont). Lo expresado por él, deja entrever que las decisiones se digitan  desde el imperio norteamericano y que el gobierno peruano dependiente del intervencionismo capitalista, solo acata y reproduce las decisiones que allí se tomen; en todo caso, muestra su total desconocimiento del derecho internacional y además, la mala intención del Gobierno Peruano en su intento de favorecer a los grandes capitales. 

En su defensa, el Gobierno Peruano niega, ante la CIDH, haber utilizado las fuerzas del orden para reprimir y matar a cajamarquinos, pero también hace una defensa descarada a la empresa Yanacocha. Con ello se demuestra que hay una confabulación del gobierno humalista con una de las empresas mineras más cuestionadas en el Perú. Se evidencia la traición de este gobierno. Leer: www.derechoysociedad.org.

Mientras tanto, las organizaciones sociales asesoradas por Zulma Villa Vílchez, del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, ya remitieron una Comunicación a la CIDH, dando a conocer la tergiversación de información por parte del Gobierno Central en los diferentes medios de comunicación.

“Las declaraciones de Juan Jiménez exacerba  los ánimos de la población cajamarquina que desde el año 2011 protestan contra el megaproyecto minero Conga”, afirman en sus descritos. Una vez más el Gobierno compromete internacionalmente a los peruanos.

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