Por: Segundo Matta C.
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| Reunión en Lima no tiene legitimidad. Los pueblos de Apurímac siguen en protesta. |
Durante los últimos
días hemos sido testigos de discursos gubernamentales cargados de poses
electorales. Después que las Fuerzas Armadas derrotaran individualmente al
narcoterrorista “Leonides”, el presidente de la república Martín Vizcarra dijo “¡Avanzamos firmes hacia la pacificación
total del VRAEM!” cuando un grupo de delincuentes ponen en jaque al
gobierno. O, cuando el premier Salvador del Solar afirmara durante su
presentación en el Congreso de la República “…
vamos a cambiar la historia del país” poniendo más inspectores para
disminuir la informalidad y mejorar el crecimiento económico. Es imposible que
con planes operativos se vaya a cambiar el rumbo de nuestra historia.
Las autoridades de
Cajamarca no han sido ajenos a discursos que sirven solo para la platea. “No habrá borrón y cuenta nueva” dijo el
gobernador Mesías Guevara Amasifuén luego
de haber denunciado a ex funcionarios regionales por supuesta “malversación de
fondos”. Seguro que, después del informe de los 100 días habrá toda una
persecución mediática para desvirtuar vacíos en su gobierno.
En el Perú de hoy,
todos los funcionarios son denunciados. En el marco del respeto a la
independencia de poderes los que hemos asumido funciones públicas debemos
solicitar investigación- una denuncia no lo hace a una persona culpable-. Las
sospechas deben terminar demostrando decencia y/o sanción por las
responsabilidades asumidas. Empero, las investigaciones deben estar a cargo de
instituciones autónomas y con solvencia moral intachable, caso contrario, la
burbuja política podrían manchar honras y deslegitimar instituciones.
De acuerdo a ley, “una persona es inocente hasta que no se le demuestre
lo contrario”. Toda denuncia tiene su proceso. El imputado tiene derecho a
la defensa. Sólo el Poder Judicial determina culpabilidad y/o inocencia. Por
tanto, cualquier opinión gubernamental y/o civil no es determinante. Hoy, los
discursos gubernamentales sirven para deslegitimar al contrincante o para tapar
su ineficiencia.
El investigador
colombiano Eugénie Richard, en su libro Manual de Comunicación de Gobierno
afirma: “Cuando se
justifican con demagogia las medidas que destruyen las condiciones de libre
competencia política, y se adopta una lógica de amigo-enemigo desde el poder,
la comunicación oficial se convierte en mera propaganda al servicio de una
ideología o de un interés particular. Este es un grave peligro que,
lamentablemente, aún al día de hoy debemos de tener muy presente a la hora de
considerar la prác-tica de determinados gobiernos; aunque todos, incluso el más
democrático de ellos y el más respetuoso de las reglas del juego, son
susceptibles de caer en la tentación de instrumentalizar las potentes
herramientas del aparato del Estado a su favor”. Es
evidente la utilización de las herramientas del aparato del Estado para adoptar
una lógica amigo-enemigo. Y, una sistemática propaganda al servicio de una
ideología o de un interés personal.
Los gobiernos son
instituciones y, como tales, deben comunicarse con los ciudadanos de manera clara,
planificada y coherente. Los políticos deben comprender que la Comunicación de
Gobierno debe conducirse de manera estratégica. Ya no depende exclusivamente de
la capacidad de oratoria de quien esté a cargo del gobierno ni de las
sugerencias de su entorno más cercano. La Comunicación de Gobierno está llamada
a empoderarse no sólo para legitimar políticos que eventualmente dirigen el
Estado sino para fortalecer las estructuras democráticas de lo público.
