viernes, 17 de enero de 2014

Fujimoristas agreden a directora de hospital y gerente de Desarrollo Social del GRC



Personal que acompañaba al congresista fujimorista, Joaquín Ramírez, agredieron físicamente esta mañana a la directora del hospital regional de Cajamarca, Magda Gonzales, y al gerente de Desarrollo Social del gobierno regional, Marco Gamonal Guevara, en momentos en que el parlamentario realizaba una supuesta inspección inopinada. 

El parlamentario también perdió los papeles ante el reclamo de pacientes y familiares de éstos, quienes exigían gestione presupuesto para el mantenimiento del hospital regional. 

Así mismo ingresó a áreas restringidas como neonatología, traumashok, posoperatorias y esterilización, sin respetar el mínimo protocolo de seguridad y sin llevar la vestimenta que se exige. Del mismo modo, periodistas filmaron a mujeres recién operadas sin su consentimiento. 

A Ramírez se sumó un pequeño grupo de trabajadores del hospital regional, encabezado por Hipólito Quiliche, quienes en plena hora de trabajo reclamaban una supuesta desatención de las autoridades del hospital regional con relación al pago de deuda social de la 037 que es de entera responsabilidad del Gobierno Central.

“La responsabilidad en estos temas la tiene el Ministerio de Economía y Finanzas y no es cierto que no los hayamos querido recibir en la sede del Gobierno Regional Cajamarca”, declaró César Aliaga Díaz, vicepresidente regional, quien criticó duramente la manera cómo el congresista entró a las instalaciones del hospital, sin siquiera pedir la presencia de los directivos, Defensoría del Pueblo y Ministerio Público para aclarar dudas. 

“El GRC, que preside Gregorio Santos Guerrero rechaza actitudes violentas del congresista Ramírez, y pide al Ministerio Público investigue y sancione a quienes actuaron al margen de la ley. Lo demandaremos ante la comisión de Ética del Congreso de la República al citado parlamentario ya que permanentemente insulta, difama y miente al pueblo de Cajamarca, protegiéndose en la inmunidad que le otorga la Ley”, dijo César Aliaga.

No es más que un show mediático para buscar protagonismo político electoral en favor de su hermano Osías, quien busca ser autoridad regional en las próximas elecciones, agregó.

“La gestión actual se compromete a seguir trabajando por el fortalecimiento institucional del hospital regional, su implementación con la finalidad de mejorar los servicios en este sector. Además expresa su agradecimiento a los profesionales y técnicos de la salud y personal asistencial quienes ponen todos sus esfuerzos para hacer que el nosocomio sea referente del norte del país”, finalizó el vicepresidente regional.

Prácticas fujimontesinistas

Por. Segundo Matta Colunche



El gobierno del dictador Alberto Fujimori es catalogado como el más corrupto de la historia. Difamaciones, mentiras y agresiones físicas se repiten en Cajamarca por parte de sus retoños.

Con lástima recordamos las fiestas patrias del 2000; de todos los rincones del país, el pueblo peruano se concentró en Lima los días 26, 27 y 28 de julio, en la llamada “Marcha de los Cuatro Suyos”, acción que permitió derrocar a la dictadura. Una fuerte lucha contra un régimen manchado con sangre. Fujimori y sus séquitos actuaban impunemente amasando grandes fortunas producto de la corrupción. Las movilizaciones fueron multitudinarias que según varios investigadores fueron las más importantes durante las últimas décadas. 

El asesor presidencial fujimorista, Vladimiro Montesinos, consiguió que se infiltraran agitadores profesionales en el medio de la marcha que dejó de ser pacífica cuando, bloqueados por la policía, pequeños grupos comenzaron a saquear el centro de la ciudad. La sede del Banco de la Nación fue incendiada como consecuencia de una explosión que posteriormente se descubrió que fue provocada desde el interior del inmueble, en ella se encontraban 6 guardias de seguridad, los cuales murieron intoxicados por el humo. Todo dirigido desde el gobierno.

Casos más extremos sucedieron como secuestros, desapariciones forzadas, esterilizaciones, persecuciones y continuas difamaciones mediáticas a través de sus diarios chicha. Son huellas atroces e imborrables que se cometieron durante 10 años. Prácticas fujimontesinistas vuelven a aparecer en Cajamarca. 

Si estas prácticas traen al recuerdo el desastroso régimen del fujimontesinismo, no queda otra cosa que rechazar todas aquellas que intenten contra la vida, la democracia y la libertad. Una Nueva Constitución Política, podría asegurar la pasificación del país y mejores condiciones de vida para los excluidos de siempre. Contraria a ella solo avivaría descontento e injusticia.

Lo descrito líneas arriba, nos recuerda lo ocurrido ayer en las alturas de Conga, lugar a donde llegaron miles de ciudadanos de Cajamarca, Bambamarca y Celendín. El largo tiempo de traslado de los campesinos tenía el único propósito de defender sus lagunas y cabeceras de cuenca de la voracidad minera, y con ello asegurar el futuro de las generaciones. Cabe destacar que todo ocurría en forma pacífica, no existía ni siquiera visos de acciones violentas; cuando de lejos se pudo observar una torre de transmisión de una empresa de telecomunicaciones que prendía en llamas. Sospechoso verdad, todos los ciudadanos se concentraban en dos frentes debidamente ordenados atentos a la disciplina que les ha enseñado la organización ronderil. Entonces ¿quiénes incendiaron ésta torre? ¿Fueron los campesinos que no habían llegado a este lugar o fueron los francotiradores de Yanacocha que quisieron distorsionar una correcta y multitudinaria movilización?

Hay algo más para recordar, fue durante la época fujimontesinista  y el gobierno local de Luis Guerrero, en que se entregó carta abierta a Yanacocha para que opere impunemente en la región. Los lazos entre el fujimontesinismo y Yanacocha son históricos, por tanto sus prácticas responden a esa indeseada actitud antidemocrática.

Tampoco extraña las actitudes matonescas del congresista Ramírez  producidas hoy en el Hospital Regional Cajamarca, quien orientó a su seguridad para que agrediera físicamente a la directora Magda Gonzáles y al gerente de Desarrollo Social, Marco Gamonal Guevara, en momentos en que pacientes y familiares de estos le reclamaran que gestione presupuesto para la implementación del nosocomio cajamarquino.

El parlamentario de careta fujimorista trasladó a la prensa, utilizó a algunos trabajadores para ingresar autoritariamente al hospital y sin las mínimas medidas del protocolo de seguridad ingresó a áreas protegidas como neonatología, esterilizaciones, pos operatorio y traumashok, generando contaminación y atentado contra la intimidad de los pacientes. 

Las prácticas fujimontesinistas son evidentes al generar violencia y acusar a las organizaciones, mentir y difamar protegiéndose en la impunidad parlamentaria, y comprar prensa para distorsionar la verdad. En la época de la dictadura la mayoría de medios serviles al gobierno se callaron por todos los idiomas sobre las esterilizaciones forzadas a las madres  pobres, asesinatos y secuestros; es probable que los medios adictos a Yanacocha y al fujimorismo hagan lo mismo con lo sucedido ayer en Conga y hoy en el Hospital Regional de Cajamarca. Estamos alertados, adelante a defender la dignidad de nuestro pueblo.

jueves, 16 de enero de 2014

Muchas voces contra la concentración de medios

Por: Segundo Matta Colunche



Siete grandes conglomerados mediáticos aportan alrededor del 60% de la facturación mundial. América Latina, la región más desigual, encontramos la concentración más alta. En el Perú, Grupo El Comerció concentra el 78% de la prensa escrita e interviene en medios radiales y televisivos de cobertura nacional.

El debate sobre la  concentración de medios en el Perú por el Grupo “El Comercio” se ha extendido más allá de las fronteras. El investigador Jorge Fernández Baca, catedrático de la Universidad El Pacífico, afirma que: “el caso peruano con otras naciones, como Estados Unidos y en países de la Unión Europea el grado de concentración que ha alcanzado el Grupo El Comercio sería inaceptable porque representa una amenaza para los competidores”

El pasado 14 de enero se ha publicado un reportaje en la cadena internacional venezolana “Telesur”. En él  investigadores y periodistas afirman que: “la compra de medios por parte del grupo El Comercio es una operación política y no necesariamente económica” (http://www.youtube.com/watch?v=RFFuHc3uZjw&feature=youtu.be). El objetivo que tiene tal monopolización es obligar que, en una posible segunda electoral en el 2016, se oriente radicalmente la información para favorecer a grupos de derecha. Desde Perú, César Hildebrant dijo: “La actual Constitución Política permite la concentración de medios, el sistema liberal castiga a las minorías, marginales y las pymes del periodismo. En el Perú, el capital extranjero y los monopolios controlan todo, este es un país que se ha rematado y se ha vendido de un modo constante al capital extranjero, como China, quien controla un alto porcentaje de la gran minería en el Perú. La agenda política está dictada por los sectores conservadores. De trece millones de electores, un millón leen periódicos y 12 ven televisión, y ésta está controlado por los sectores conservadores”. En el mismo reportaje, el ecuatoriano José López, de Radialistas Apasionados, afirmó: “Tiene que existir una lucha muy fuerte contra el monopolio de los medios”.

Siendo el mayor escándalo de los últimos años contra la libertad de expresión en el Perú, el diario El País de España publica, hoy en su sección política, las versiones de la investigadora peruana Teresa Quiroz, catedrática de la Universidad de Lima, quien se reafirma en contra de la concentración de medios: “Significa que existe una posición de dominio en la publicidad en prensa y posibles condicionamientos en el circuito de distribución. El desplazamiento del poder de las gerencias a los directorios expresa una injerencia de los intereses económicos sobre el campo de la información, con los riesgos que significa arribar a visiones monocordes que atentarían contra la necesaria diversidad en el espacio público de los medios, tan saludable para cualquier democracia. Estarán afectados tanto el público - necesitado de miradas que le permitan ejercer una ciudadanía informada - como los propios periodistas, cuyos espacios de ejercicio de opinión podrían restringirse”.

En concordancia, con la opinión de periodistas e investigadores nacionales e internacionales, diríamos que el objetivo del grupo El Comercio es seguir falseando la verdad con invenciones y difamaciones contra autoridades, líderes políticos y dirigentes sociales que muestran posición democrática y contraria a los intereses de la derecha. Luego de las continuas derrotas de sus candidatos, quieren desde los medios imponer a las autoridades, hacer campaña y cogobernar. Por ello, no es casual, el editorial del diario El Comercio del día 14 de enero, donde se desvirtúan cifras que publica el Instituto Peruano de Economía que afirma: “Conga no ha influido en la supuesta recesión en Cajamarca”; por el contrario, El Comercio mal interpreta estos datos diciendo que sí repercute. Además, como si esto no fuera suficiente, distorsiona una serie de cifras sobre crecimiento y ejecución de obras del gobierno regional Cajamarca. Como podemos ver la mentira es su única pancarta de presentación.

martes, 14 de enero de 2014

Licencia para matar con impunidad

Por: Segundo Matta Colunche


La muerte de treinta y tres peruanos en Bagua, 5 cajamarquinos, 4 campesinos en Espinar, 2 talareños en Piura, y otros casos repudiables, no bastan para frenar la represión en contra del pueblo. La Ley 30151 promulgada por el presidente Ollanta Humala y su ministro César Villanueva limpia legalmente a militares y policías que causen lesiones o muerte a civiles.

El gobierno humalista repite indirectamente la frase del representante del Opus Dei en el Perú, quien dijera que “los derechos humanos son una cojudez”; la promulgación de la Ley 30151, publicada ayer en el diario oficial El Peruano, exime de toda responsabilidad penal a policías y militares que causen lesiones o la muerte a civiles en acción de servicio. En otras palabras, el gobierno otorga licencia para matar.

Varias personalidades se han pronunciado en contra de esta medida.

“La norma podría atentar contra los derechos humanos, amparados en tratados y leyes internacionales, los cuales el Perú ha suscrito”, opina el vicepresidente regional de Cajamarca César Aliaga Díaz.

El decano del Colegio de Abogados de Lima, Mario Amoretti, también mostró su disconformidad: “no estoy de acuerdo con esta norma, puede tener efectos contraproducentes en la sociedad”. En la misma dirección el ex ministro, Roberto Chiabra, afirmó que “no se le hace mucho bien a las Fuerzas Armadas ni a la Policía con esta Ley; cuando el personal sabe que nada le va a pasar puede cometer excesos”.

El presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero, a través de su cuenta de twitter alertó lo que podría suceder: “policías no tendrán responsabilidad penal si matan incluso sin usar arma reglamentaria”. 

“La Ley vulnera las leyes constitucionales y convencionales como el deber de investigar y sancionar a responsables de violaciones de derechos humanos; el derecho a la igualdad (si un civil  mata o hiere será procesado, mientras que un policía no lo será) y puede generar incentivos perversos para vulnerar el derecho a la vida y la integridad “personal” de los ciudadanos”, según IDL.

El debate tardío en las redes sociales dejan entrever que la Ley en cuestión es una forma de decir "Con va si o si", es una Ley de inimputabilidad para la Policía Nacional y FF.AA.  Marcada posición contra la impunidad.

Con la aprobación de esta Ley y otras, no queda duda que el presidente Humala responde a intereses de las trasnacionales mineras como Yanacocha en Cajamarca, que quiere imponer el proyecto Conga sin tener la licencia social y atentado contra las cabeceras de cuenca, manantiales, bofedales que almacenan el recurso hídrico para beneficiar a campesinos de las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc.

Con la Ley de la impunidad, presentada por la bancada fujimorista el 14 de enero del 2011 y aprobada por 67 congresistas, incluidos los de la bancada oficialista Gana Perú, se reafirma el camino a criminalizar la protesta social, otorgando carta blanca a la impunidad y violación de derechos humanos como sucedió en la época de la dictadura fujimontesinista que asesinaron y torturaron sin embargo se consideraron inocentes.

La norma que modifica el inciso 11 del artículo 20, rubricada por el presidente Ollanta Humala y el premier “descentralista” César Villanueva, ha causado silencio cómplice en los otrora dirigentes políticos o autoridades regionales que se oponían a las agresiones policiales y militares en contra de los ciudadanos. 

Desde todos los espacios expresemos nuestra protesta contra leyes arbitrarias y dictatoriales que atentan contra el derecho a la vida y la libre expresión de los pueblos.