En el día internacional de la mujer

Sra. Máxima Chaupe, líder social que lidera una batalla de defensa de sus tierras.

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Por: Segundo Matta C.

Hoy, 08 de marzo, se recuerda en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer. En conmemoración a las históricas luchas por la igualdad de oportunidades la Asamblea de las Naciones Unidas declaró el 08 de marzo de 1975 el Día Internacional de la Mujer.  Sin embargo, las mujeres progresistas se habían sublevado muchas décadas atrás. El colectivo de mujeres socialistas se manifestaron contra la guerra y la hambruna que azotaba varios países de Europa en el año 1917.

Pese a constantes debates desde el gobierno y el movimiento social hasta el momento no se ha logrado reivindicar a este sector importante de la sociedad. Varios de los debates son estériles porque se mira a las mujeres sólo del lado vulnerable dejando al margen méritos importantes que han logrado a lo largo de la historia. La mujer no sólo es madre -mérito inigualable-, es conductora, educadora, líder social por antonomasia. Probablemente no veamos muchas mujeres asumiendo responsabilidades políticas, pero, encontramos en la academia y en los diferentes sectores públicos y privados asumiendo eficientemente la dirección y/o gerencia. Aun falta consolidar su liderazgo tomando como base la igualdad de oportunidades, el respeto y la consideración a la multiplicidad de habilidades y capacidades.

Mientras analizamos y conmemoramos una fecha histórica, hay cifras vergonzantes que debemos conocer. Según la ONU, en el 2018 se determinó que aproximadamente 15 millones de niñas nunca aprenderán a leer y a escribir por responsabilidad de un Estado excluyente. 300 mil mujeres mueren anualmente por causas relacionadas  al embarazo. En América Latina, hay 124 mujeres que viven en extrema pobreza.

En el Perú hay pocas investigaciones sobre la realidad de la mujer. Los portales del Gobierno Central tienen pocas información, y, si es que las hay, las cifras son muy generales. Por lo que determinar decisiones desde el Estado a favor de las reivindicación de sus derechos no tendría mayor impacto. Ni en los portales institucionales del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se encuentra información relevante.

Describimos algunas cifras generales:  En el Perú existen más de 15 millones 700 mil mujeres y representa al 50% de la población total del país, según cifras del INEI. Se registra 7 millones 209 mil las mujeres que integran la Población Económicamente Activa. De este número, son 6 millones 947 mil las que trabajan en la actualidad. Un importante punto es que el 40.5% de este grupo trabajan en Servicios, el 25.6% se dedican a actividades Comerciales, el 22.3% está en la Agricultura, el 8.6% en Manufactura y el 1.9% en Transportes y Comunicaciones.

La esperanza de vida de la mujer peruana es de 77 años, es decir, 5 años más que los hombres, cuya esperanza de vida al nacer llega a 72 años. El reporte agrega que las regiones del país que más mujeres asalariadas integra son Callao, Lima y Arequipa. Esto va de la mano con el porcentaje que ahora está afiliada a una AFP y/o seguro, que ha aumentado en 26.9% desde 2005.

La educación es uno de los criterios que más destaca en las mujeres. Según los resultados de la Encuesta Nacional de Egresados Universitarios y Universidades, el 49.7% de las mujeres egresadas han obtenido su título profesional, cifra mayor en 13.3% a los hombres (36.4%).

De acuerdo con el nivel de educación alcanzado, el 15.9% de las mujeres tienen educación superior universitaria y el 13.1% educación superior no universitaria. Este es un incremento de 5.4% con respecto a hace diez años. Cifras totalmente bajas en comparación a países latinos y europeos.

Una lacra que hay que combatir es la violencia contra la mujer. Perú lidera en Latinoamérica con 582 casos de feminicidios hasta en 2018. Investigaciones determinan que la violencia y discriminación contra las mujeres generan pobreza en la sociedad. Hay un reto: “educar a la mujer para acabar con la vergonzosa desigualdad social”.

La izquierda que la derecha quiere (II)

Por: Segundo Matta C.

Aurich, Villarán, Simon, Lerner.

Libre mercado, privatizaciones como modelo interminable, crecimiento económico sin desarrollo, eliminación de derechos laborales, privatización de servicios [agua, salud, educación, etc.], Estado reducido, patria y territorio sin soberanía, asistencialismo extremo y capitulación externa vergonzante; son algunas de las políticas de la derecha reaccionaria que plantea a una disque “moderna izquierda” o “centro izquierda”.

La derecha no quieren que se toque un ápice del sistema excluyente, promueve desde sus intereses una izquierda domesticada, sumisa, blanda, débil, “dialogante”, de colores varios y de “tiempos de modernidad”. Crean una izquierda que gane elecciones pero que no gobierne. En esa dirección giran sus columnistas y opinólogos de los principales medios reaccionarios. Nada de cambio, continuidad absoluta.

Afirmamos así, a raíz de las últimas conferencias realizadas por los ex candidatos presidenciales Verónika Mendoza [Nuevo Perú] y Gregorio Santos [MAS Democracia] en Cajamarca y Cusco, respectivamente. Ambos líderes progresistas promueven una Nueva Constitución vía referéndum.

La agenda mediática nacional no deja de comentar los errores que volvería a cometer Verónika Mendoza al unirse con Gregorio Santos o viceversa. Para algunos, es grave error que la lideresa de Nuevo Perú busque radicalizarse con la propuesta del líder masista-democrático. O que, sus cálculos electorales lo llevarían a reducir su aceptación coyuntural. Para otros, la unidad de Verónika-Goyo tiene como objetivo convertir al Perú en una réplica de Venezuela o Cuba. Algunos más moderados y escépticos, hablan de una posible sorpresa en los próximos años si se concretiza una confluencia de izquierda y progresista. Hay vacío de una lectura más objetiva. Sin embargo, la subjetividad como idea/tiempo decora los titulares de los diarios de la ilegal concentración.

En fin, si queremos ingresar al debate, hagamos algo. Y ese algo, jamás será de agrado de la derecha rancia y de sectores capitalistas. Su negacionismo al cambio y a la trasformación del país inyecta en el cerebro de un sector de peruanos. La derecha quiera una izquierda a su estilo e intereses.

En medio de periodicazos, los líderes de ambas organizaciones de izquierda han afirmado que continuarán trabajando una agenda común que permita cambiar la Carta Magna. “No es una alianza electoral, es un trabajo conjunto para impulsar una Nueva Constitución. Además, en esa tarea también están involucrados: Democracia Directa, Perú Libre, Mi Región de Puno, movimientos regionales progresistas y organizaciones sociales”. Se requiere cambiar la estructura y principios fundamentales del texto constitucional, es decir mayor participación y debate en la propuesta.

La reacción de la derecha se extiende porque tocan el lado más sensible de su status quo. Una Nueva Constitución nos permitirá: recuperar la democracia, promover una Estado Plurinacional, inversiones limpias, Fuerzas Armadas y Policiales integradas al desarrollo, política exterior ejercida con independencia y soberanía. Es el camino correcto para cambiar el rumbo de nuestra patria.

La vuelta a la época de la dictadura

Por: Segundo Matta C.

Este fujimorismo actúa con los mismos métodos de la historia siniestra de la década del 90. Se creen intocables, pulcros, sagrados y dueños del poder.

Durante la década del 90 [gobierno fujimontesinista] no sólo se atentó contra la independencia de los poderes del Estado, se utilizó el poder fáctico y las fuerzas del orden sumisas al poder político y económico para destruirlos y desaparecerlos. Bajo el aval de la Constitución del 93 se intervino al Tribunal Constitucional, Poder Judicial, Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, RENIEC, ONPE, Fuerzas Armadas y Policiales, organizaciones sociales y otras. El Legislativo y Ejecutivo estaba controlado por el fujimorismo. Los principales medios de comunicación vendieron su línea editorial y varios periodistas se alquilaron a intereses de la dictadura.

Pocos fueron los sindicatos y organizaciones políticas progresistas que resistieron a la represión de la dictadura. Utilizaron todos los poderes del Estado para justificar sus agresiones a la democracia [violación a los derechos humanos, fraudes electorales, privatizaciones, corrupción, etc.]. Todo estaba organizado para destruir al Estado.

Han pasado 25 años [1992-2017] desde aquel nefasto golpe de Estado que el fujimorismo acompañado de la derecha reaccionaria instalarán por cerca de una década en nuestro país. Las prácticas antidemocráticas resulta alentador para el fujimorismo de hoy – nada han cambiado, son peores-. La mayoría de andadas de los dirigentes del fujimorismo, dentro y fuera del Congreso, tienen similitud a lo sucedido durante la época más negra del Perú. Un parlamento mediocre de mayoría fujimorista que actúa con venganza y revanchismo contra todo los que ellos llaman “izquierda caviar”, congresistas involucrados en actos de corrupción, una mayoría que cumple a pie puntilla directivas indecentes, una lideresa [Keiko Fujimori] que pide guillotina a todos quienes tienen voces discrepantes con la década más corrupta; es decir, es el mismo fujimorismo autoritario que gobernó 10 años.

Este fujimorismo actúa con los mismos métodos de la historia siniestra de la década del 90. Se creen intocables, pulcros, sagrados y dueños del poder. Quieren convertir en “blanco claro y fino” a su lideresa aunque la mancha corroe toda su estructura. Los sobornos de Odebrecht han tumbado a la clase política tradicional. Keiko Fujimori tendrá que responder ante la justicia de este país por el gran escándalo internacional: caso Lava Jato; también está en camino la investigación por lavado de activos y cocteles. 

Las prácticas antidemocráticas fujimoristas están a la orden del día. Cualquier fiscal, juez, ministro, presidente regional, alcalde o dirigente social que cuestione el accionar del grupo naranja debe ser censurado. Consigna que se acuerda y se cumple como directiva de la cúpula.

Están en la mira el Tribunal Constitucional, el Fiscal de la Nación Pablo Sánchez, el ministro Carlos Basombrío, los presidentes regionales, los alcaldes, los líderes políticos regionales y los colectivos pro-derechos humanos. Todos ellos deben pasar por la “guillotina fujimorista” por cuestionar un posible indulto al reo Alberto Fujimori Fujimori. Nada los detiene, el odio y la venganza es su prioridad. Sueñan con el poder absoluto, con la segunda parte de la dictadura. 

Se equivocan, el desprecio por la democracia, por la gobernabilidad, por los derechos humanos los llevará al eterno suicidio político.