Por: Segundo Matta Colunche
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| Constitucionalista Alberto Borea Odría |
Alberto
Borea: “El periodismo levanta la circunstancia para que se conozca, pero no
puede levantarla para que se condene directamente. El periodismo no puede
convertir en culpables a las personas que sindica”.
Durante las últimas
décadas los periodistas con raras excepciones han perdido el respeto y
credibilidad de la población. Muchos de ellos se alquilaron en la época más
nefasta de la historia republicana (dictadura fujimorista). La televisión, la
radio y la prensa escrita eran controladas por el poder político y económico,
abominada por la mayoría. Hoy, no ha cambiado casi nada. La prensa gira en
función de intereses de los dueños del Perú, quitándole el derecho al pueblo a
saber la verdad.
El grupo El Comercio,
que concentra inconstitucionalmente cerca del 80% de medios de comunicación del
Perú; no deja espacio para la divergencia. Orienta su línea editorial y
periodística a defender el modelo económico neoliberal y cuestiona severamente
las propuestas progresistas y de izquierda. Aliado a los grupos de poder
económico como Newmont-Yanacocha, emprende campañas de desinformación y
desprestigio contra líderes sociales y políticos regionales (Santos de
Cajamarca sufrió la guerra sucia mediática y salvaje). Para los periodistas
reaccionarios “todo privado es bueno”, por eso hay que privatizar el agua, la
electricidad, los bosques, las escuelas, la salud, el petróleo, las carreteras
y hasta los programas sociales. El Estado sólo debe monitorear lo que hace las
empresas. Se deben perdonar multas y brindar facilidades para mejores
ganancias. En otras palabras nos dice: “más ganancias para los ricos y miseria
para el pueblo”.
Podría generar debate
las declaraciones del constitucionalista Alberto Borea, difundido hoy en el
diario “Uno” de Lima, sobre el rol de la prensa peruana y de quienes
administran justicia. El hombre de leyes considera que jueces y fiscales
timoratos se dejan influenciar por los medios de comunicación en la que no se
respeta la presunción de inocencia y se envía a prisión a quienes los
periodistas acusan en sus informes o portadas. Considera que hay necesidad de
una renovación periodística amparada en una ley que sancione los excesos de la
prensa.
Ha! Pero cuidado. No
falta que mañana salgan a decir: “es un modelo chavista, quieren controlar los
medios de comunicación y atenta contra la libertad de prensa y expresión del
país”. Claro, atenta contra la libertad de prensa cuando les conviene y está bien
cuando difaman y destruyen la dignidad de las personas. Como dice Borea: “…muchos de los que apoyaron al fujimorismo
en los 90 ahora nos quieren dar clases de moralidad y decencia”.
Coincidimos con el constitucionalista, quien afirma que es necesario plantear
una ley que sancione los excesos de la prensa y se brinde un espacio gratuito a
las autoridades elegidas por el pueblo para que se dirijan a sus electores.
Así como exigimos
independencia y pluralidad en los medios de comunicación, también los poderes
del Estado deben seguir un camino decente. Luís Pásara, afirma: “La prisión
preventiva se está usando como una suerte de mascarada para esconder la
incapacidad de los fiscales, como arma política para descalificar a los
adversarios”. IDL: “El juez quiere evitar que la prensa le meta un periodicazo
y lo lapide, y por eso dicta la prisión preventiva a las personas”. Borea, no
deja duda que la renovación periodística es necesaria y urgente.
Más allá de promover
leyes, queda que los periodistas decentes (los pocos que hay) apuesten por un periodismo
democrático y decente. En Cajamarca se puede evidenciar lo podrido que está un
sector de la prensa. Todo gira en función a la plata de Yanacocha o del clan
Ramírez, que por lo pronto hay muchas dudas de donde viene el dinero.
Me parece importante
que candidatos maltratados por el mercenarismo mediático hagan oídos sordos a
tal infamia. La mejor comunicación es el contacto directo con el pueblo, ya que
es quien al final juzga.
