Por: Segundo Matta Colunche
El
pasado domingo 10 de febrero fue intervenido por pobladores de comunidades
nativas el ciudadano Estanislao Núñez Fernández, cuando éste ingresaba sin el
consentimiento de los Apus (autoridades indígenas) a la comunidad de Nuevo
Kucha a ofrecer a nombre de la empresa minera “Águila Dorada” plantaciones de
café. Hay que aclarar que esta persona no fue agredida ni física ni
psicológicamente.
El diario el Comercio
e integrantes del grupo mediático que concentra el 80% de prensa escrita en el
Perú, informaron tendenciosamente que los pobladores habrían secuestrado a un trabajador
de la empresa minera Águila Dorada y que, a cambio de su libertad, pedía 1
millón 300 mil soles. Estos medios, querían dar a entender que los hermanos
indígenas (a los cuales García llamó ciudadanos de segunda clase) son unos delincuentes.
Estas acusaciones solo son lógicas, si tenemos en cuenta que a la derecha y los
gobiernos de turno nunca intentaron comprender la cosmovisión de estos pueblos;
muy por el contrario, siempre los olvidaron, reprimieron o asesinaron. Sino
recordemos que, en el año 2009, el Baguazo dejó 33 hermanos desparecidos. Los
cabecillas intelectuales de esta masacre: Alan García, Mercedes Cabanillas,
Yehude Simón y su séquito de inteligencia, sacaron cuerpo y han quedado libre
de polvo y paja; mientras que dirigentes sociales y policías son procesados por
mandato supremo del gobierno.
Hay que recordar que
en el segundo gobierno de García se otorgó 11 concesiones mineras en las
comunidades nativas de Naranjos y Supayaku, en la provincia de San Ignacio;
entre ellas está el proyecto
minero de exploraciones “Yanku Entsa” (Quebrada Amarilla), cuya empresa
exploradora es Águila Dorada, este proyecto explotará un yacimiento de oro y
plata en la cabecera de cuenca del río Chirinos.
Según el Estudio de Impacto Ambiental EIA el área de exploración ocupará
unas 75 hectáreas. Lo grave del asunto es el reclamo que han hecho los Apus,
quienes afirman que dicho EIA fue aprobado bajo una audiencia fraudulenta (06
de octubre del 2011) y que fue presentado con firmas falsas al Ministerio de
Energía y Minas. A esto se suma, la denuncia de: la realización de 20
perforaciones diamantinas, la construcción de plataformas que cubren un área de
30.44 hectáreas, las operaciones que removerán 1,809 m3 de tierra y el uso de
cerca de 550 m3 de agua mensual. Todas estas acciones se harán solo para la
etapa de exploración, que tendrá una duración de 24 meses, incluidos el cierre
y post cierre.
El Estado peruano no ha cumplido con aplicar el derecho a la Consulta
Previa a los pueblos indígenas (amparado en el convenio 169 de la OIT), toda
vez que se trata de un pueblo Awajun (la ley se encontraba vigente desde el mes
setiembre del 2011). Muy por el contrario y pese a ello, el 13 de abril del
2012, la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) del
Ministerio de Energía y Minas (MINEM), emitió la constancia de aprobación
Automática del IEA N°042-2012-MEN-AAM a la Empresa de Exploraciones Águila
Dorada SAC. Una vez más la dignidad del pueblo Awajun era pisoteada.
El pueblo Awajun en ningún momento se quedó callado, siempre protestó. Así
lo demuestra el pedido que hiciera el 19 de noviembre de 2013, la Comunidad
Awajún de Supayaku, exigiendo la pronta intervención de las autoridades
del Gobierno Central, con el objeto de que se proteja sus derechos
fundamentales; sin embargo, estos reclamos nunca tuvieron respuesta.
Hasta el momento, hay acuerdos asumidos en una Mesa de Diálogo en la
provincia de San Ignacio, entre La Oficina Nacional de Dialogo de la PCM,
representantes del Ministerio de Energía y Minas, la Iglesia Católica, Mesa de
Concertación, representantes de Derechos Humanos, la municipalidad Provincial
de San Ignacio y las comunidades nativas. Se espera que el gobierno escuche la
voz de los pueblos originarios para evitar futuros conflictos que pueden
afectar el desarrollo de estos pueblos.
Por otro lado, voceros de empresas mineras, como el grupo El Comercio, se
han lanzado a una campaña de desinformación; puesto que, esta semana publicó
una serie de informaciones falsas y tendenciosas, que fueron elaboradas por
periodistas a sueldo por la empresa minera; ya que, en sus informes calificaban
a las comunidades de “delincuentes”; al alcalde de San Ignacio, Carlos Martínez
y padre Paco Muguiro (Radio Marañón) de “violentistas y azuzadores”. Estos
calificativos ruines incluso fueron direccionados hasta el presidente Gregorio
Santos. Una vez más, la vieja y sucia campaña de desprestigio, que informaba
inescrupulosamente que los indígenas pidieron “coimas” por la liberación del
trabajador de Águila Dorada, acusaciones del todo falsas y cobardes; puesto que,
lo único que buscan es desvirtuar la realidad en favor de los grupos de poder
económico en nuestro país.
