Golpe a la descentralización

Por: Segundo Matta Colunche

En 2013 el Gobierno Regional Cajamarca tuvo un recorte en su PIA de 34 millones de soles, y a esto sumamos 26,1 millones del 2014. Contrariamente, el Gobierno Nacional aumentó de 72 mil 635 millones 027 nuevos soles del 2013 a 83 mil 195 millones 553 en el presente año. 

La descentralización es una expresión lírica del gobierno central, apoyo a los gobiernos regionales y locales es palabreo lejano de la realidad, un vacío curioso de hacer de la política en este país. La transferencia de funciones políticas, económicas y administrativas conforme determina la ley de Descentralización No. 27783 sólo queda en el papel.

Desde el 2002 que se legaliza mediante ley, Alejandro Toledo dejó entrever que era promotor de darle oportunidades a las regiones para que promuevan y programen su propio desarrollo, el autoproclamado “Pachacutec” dejó teoría sin práctica. En el 2006 asume el “mal menor” para la derecha el gobierno central, con un discurso de trabajar coordinadamente con los gobiernos regionales. Alan García fue el artífice del “baguazo” y sus decretos antidemocráticos que destruían parte de la Amazonía peruana, cuyo objetivo final fue entregar a empresas petroleras la destrucción de nuestros bosques.

Cansados de tantas mentiras, el pueblo apostó por un cambio, Ollanta Humala se presentaba como la alternativa para este país y logra su triunfo el 05 de junio del 2011. 

En reunión que tuvo con los presidentes regionales del Perú (agosto 2011), el hoy presidente de la República, ofreció descentralización efectiva a partir de la fecha. Hizo un llamado a la unidad a los líderes regionales para vencer al histórico centralismo limeño. Los gobiernos sub-nacionales, incluidos el de Cajamarca encabezado por su presidente Gregorio Santos, ofrecieron su apoyo.

Luego vino la reunión con la CONFIEP y SNMPE; y como era de esperar de personas carentes de principios firmes, todo lo acordado con la representación nacional a través de los gobiernos regionales, se vino abajo. Estalló el conflicto Conga, recorte presupuestal para Cajamarca, persecución política a su presidente, denuncias por doquier, paralelismo en la gestión regional y en alianza con Yanacocha e instancias que administran justicia buscan inhabilitar a quienes son consecuentes con sus ideas y promesas.

El año 2013, el Gobierno Regional de Cajamarca, sufrió un recorte presupuestal de 24,6% (30 millones de soles) y este año 26,1 millones de soles, recorte que está por encima de los acuerdos del Consejo de Ministros llevado a cabo el 22 de mayo, que luego fue aprobado por la Ley No. 30114, denominada: “Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014”, también se aprobó en el Congreso de la República, el 30 de noviembre de 2013 y promulgado por el presidente de la República, el 01 de diciembre del mismo año. 

Pero cuando tenemos un gobierno que solo está pintado y a expensas de lo que diga el poder económico, el 19 de diciembre del 2013, mediante Resolución Directoral No. 002-2013-EF/64.03, publica los nuevos montos estimados de recursos, totalmente contrarios a los aprobados por los estamentos estatales descritos. Poder extremo del ministro de Economía y Finanzas, Miguel Castilla. Una vez más se ha consumado un golpe al proceso de descentralización. También son afectados los gobiernos locales del Perú.

Ya no es posible aceptar tantos abusos, esperamos las posiciones claras de las ANGR, REMURPE y la AMPE y evitar conveniencias personales que atenten contra las leyes y los legítimos derechos de los gobiernos sub-nacionales. El Gobierno Regional Cajamarca está a la espera de los recursos para el financiamiento de aproximadamente mil 500 millones en estudios de pre inversión y expedientes técnicos.

La justicia que Fujimori y la derecha quiere

Por: Segundo Matta Colunche

La esterilización forzosa es considerada como un crimen de lesa humanidad o un crimen de guerra y un delito grave de violencia sexual. Según informe del Ministerio de Salud publicado en el 2002 muestra que: entre 1995 y el 2000, 331.600 mujeres fueron esterilizadas y que 25.590 hombres sufrieron una vasectomía sin su consentimiento.

El pasado 25 de enero, el fiscal Marcos Guzmán Baca, de la 2da Fiscalía Penal Supranacional de Lima, informó que la investigación sobre esterilizaciones forzosas contra Alberto Fujimori y sus ministros de Salud quedaban archivados. Esta noticia cayó como un baldazo de agua fría sobre familiares y víctimas de las esterilizaciones forzosas. 

Los ministros fujimoristas, Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga Recuenco, están legalmente libres de polvo y paja. Para el fiscal Guzmán, hubo responsabilidades en los médicos, más no en quienes dirigieron el sector. Esto quiere decir, que los galenos actuaron por iniciativa propia y no hubo ninguna directiva gubernamental sobre tal crimen de lesa humanidad.

Aquí la única verdad es que: durante el gobierno de Fujimori (1990 – 2001) se puso en ejecución el programa de esterilizaciones forzadas contra las mujeres indígenas (esencialmente quechuas), con el nombre de “Plan de salud pública” y que fue presentado el 28 de julio de 1995. El plan fue financiado principalmente por la Agencia de Cooperación Internacional Estadounidense con 36 millones de dólares y, con una cantidad mucho menor, por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Así mismo, el 9 de septiembre de 1995, Fujimori presenta un proyecto de ley que modificaba la "ley general de población", con el fin de autorizar la esterilización. En febrero de 1996, la propia Organización Mundial de Salud felicita a Fujimori por su plan de control demográfico. Esto demuestra la complicidad de un crimen organizado, incluso, con el respaldo internacional.

Solo en el 2001, durante el gobierno de Alejandro Toledo, el entonces ministro de Salud Luis Solari, instituye una comisión investigadora, y también lo propio el Congreso de la República; dichas nacieron como producto del constante reclamo por parte de las víctimas, familiares y ONGs de Derechos Humanos. Ya en el 2002, las comisiones concluyeron que, entre 1995 y el 2000,  se esterilizaron forzosamente 331.600 mujeres, mientras que 25.590 hombres sufrieron una vasectomía. También se concluyó que 300 mil indígenas habrían sido esterilizados.

El plan, según la comisión investigadora, tenía como objetivo: “disminuir el número de nacimientos en los sectores pobres de la sociedad peruana, apuntaba esencialmente a los indígenas de las zonas más abandonadas”. La documentación prueba que el presidente Fujimori estaba informado, mes a mes, del número de intervenciones realizadas por los servicios de sus ex-ministros de salud: Eduardo Yong Motta (1994-96), Marino Costa Bauer (1996-1999) y Alejandro Aguinaga (1999-2000). 

Una investigación de derechos humanos de la abogada Giulia Tamayo, Nada Personal, muestra que habían sido fijadas cuotas a los médicos. Según Le Monde diplomatique (medio francés), afirma que se habían organizado "festivales de ligaduras de trompas" en las zonas rurales y los pueblos jóvenes. En 1996, hubo 81.762 ligaduras de trompas, según las cifras oficiales, habiendo tenido su punto más alto el año siguiente, con 109.689 ligaduras, en comparación a las "únicamente" 25.995 reportadas en 1998. 

¿Hay o no hay responsabilidad política de Fujimori y sus ministros? Por todo lo descrito, podemos afirmar: “Esa es la justicia que Fujimori y la derecha, quieren”.

Santos pedidos

Editorial-La República (25/01/14)

El pedido hecho por la Fiscalía Penal Corporativa de San Ignacio para que se condene a treinta años de prisión al actual presidente regional de Cajamarca es un exceso lamentable.

El caso se remonta a casi un decenio atrás, cuando Gregorio Santos, hoy presidente de la región Cajamarca, era dirigente de los ronderos de San Ignacio y la señora Petronila Vargas fue sometida a juicio popular luego de ser retenida por varias horas y flagelada. En la misma ocasión se procedió a expulsar a Miguel Briceño, ex fiscal de San Ignacio, luego de haber sido declarado persona no grata a la comunidad.

Petronila Vargas y el ex fiscal Briceño presentaron sendas denuncias. La primera acusando a Gregorio Santos, a Ydelso Hernández, presidente del Frente de Defensa de Cajamarca, y a Eliana Zavaleta –conocida activista antiminera– por delito de secuestro; además demanda una reparación civil de diez mil soles. En el segundo caso, se acusa a Santos de delitos contra la libertad, secuestro agravado y resistencia a la autoridad en agravio del fiscal Miguel Briceño y del Estado.

El caso permaneció durante años en los archivos judiciales, pero súbitamente ha sido actualizado, con un pedido de prisión formulado por la Fiscalía Penal Corporativa que insiste en la responsabilidad de Gregorio Santos, demandando para él una condena a 30 años de prisión. Según Santos, no existen pruebas que demuestren que él soliviantó a la población ni que participó en los secuestros del fiscal Briceño y Petronila Vargas.

En efecto, existen razones que llevan a creer que la reactivación de este proceso se debe a un intento de ejercer presión política sobre Gregorio Santos y, en caso de que se dicte sentencia en contra suya, que se busque apartarlo a la mala de la actividad política, ya que si es condenado a prisión por esas acusaciones, inevitablemente se dictaría contra él una sentencia que lo inhabilitaría en sus derechos civiles y lo obligaría a renunciar.

Como a nuestros lectores les consta, el presidente regional de Cajamarca ha sido criticado en estas páginas y disentimos de varias de sus propuestas y métodos. Este desacuerdo no significa que haya que dejar pasar lo que a todas luces es una maniobra que busca manipular al Poder Judicial y al Ministerio Público para dejar a Santos fuera de la próxima coyuntura electoral e impedir que postule a la reelección. Máxime si otros presidentes regionales son precisamente beneficiados por su relación con la Fiscalía. Ni uno ni otro, la ley en su sentido justo y proceso establecido.

Persiste en este caso la misma visión equivocada que ha empantanado la situación en Cajamarca, que consiste en creer que la población de dicha región se deja manipular por el discurso de unos cuantos dirigentes y que sacados estos del espacio público Conga será bienvenida y todo se arreglará. Esa visión es peyorativa para muchos cajamarquinos, reducidos a un  rebaño sin voluntad o pensamiento propios, y cargados de prejuicios que pueden cambiar de signo.

Es ingenuo pensar que porque se lleva a prisión a Gregorio Santos las cosas van a cambiar y, de pronto, la siguiente etapa de Conga se hará. Lo que ocurrirá es que el actual presidente regional no tardará en victimizarse y decir que es objeto de una persecución política decretada por el gobierno central, el cual se vale del PJ para perjudicarlo. En suma, si se quiere ver a Gregorio Santos cuatro años más como presidente regional de Cajamarca no tienen más que insistir en la pretensión de dejarlo fuera de juego de modo tramposo. Esa absurda acusación debe ser desechada.

¡Patria! Perú después de la Haya

Por: Segundo Matta Colunche

Patria, país donde nacimos, nos hemos formado y educado. El amor a la Patria es un valor cívico y va más allá de la reverencia a nuestros símbolos; además denota personalización e introyección. Todo ello significa permitirle a la Patria ser madre de todos y todas, sentirse acogido y orgulloso de ella. Amar a la Patria es un compromiso y un deber. 

Sí, Patria significa compromiso y deber; hoy millones de peruanos esperábamos con atención los resultados del fallo de la Corte de la Haya, que se haga justicia después de una larga historia de frustraciones. Nunca entenderemos cómo las clases dominantes de Lima han tratado a sus similares de Santiago - el pueblo lucha y la aristocracia negocia -. Tampoco comprenderemos las traiciones de Piérola, de los subprefectos Juan Manuel Aguirre y Adolfo Salomón (1879) de los departamentos de Lambayeque y La Libertad, respectivamente,  quienes dejaron en la orfandad al norte peruano ante el avance de los invasores chilenos. En esta larga lista también ubicaremos a quienes entregaron nuestras tierras, sus riquezas, el mar y su soberanía a manos de las trasnacionales y el poder económico.

La línea equidistante que reclamaba el Perú, solo quedará en el recuerdo. Se preveía que la honorable Corte de la Haya no quiera comprometerse con ningún país. Su fallo permite satisfacer relativamente a las dos partes. Los peruanos exigiendo delimitación marítima a través de una línea equidistante, y los chilenos defendiendo lo que ellos creen que legítimamente les corresponde. Por donde lo miremos, no hemos ganado.

No queremos pensar que quienes asumieron posturas triunfalistas antes de la sentencia, como Alan García, Alejandro Toledo y la pasividad de Humala y sus ministros, hayan querido repetir lo que José Antonio de Lavalle y José María Químper, hicieron contra nuestro ilustre Francisco García Calderón, cuando se encontraba detenido por tropas chilenas. Ellos, siendo sus ministros y jefes de guarniciones entablaron una calumnia infernal al indicar que ya había traicionado al país y que la guerra costaba unos millones de monedas. El tiempo dio la razón, la traición de sus ayer leales se consumó en el camino.

Si hubiésemos ganado, ésta seguiría en manos de los Brecia, Romero y la trasnacionales europeas que operan en Chile. Seguirán los barcos de nuestros pescadores artesanales detenidos por las fuerzas del país vecino, seguirán imponiendo sanciones con sumas exorbitantes a quienes caigan en manos del vecino del sur, sin que la cancillería peruana haga algo por ellos. Al final lo que importa es el negocio sin lograr la identidad y soberanía de nuestra patria.

En el recuerdo de quienes leemos nuestra historia, no olvidaremos la ocupación chilena de Lima en 1881; los peruanos tuvieron que vivir en su propia versión del infierno. Una defensa enclenque seguida de crímenes de guerra, incendios, saqueos y vejámenes bochornosos. A nuestros compatriotas los trataron como viles indigentes.

El “triunfo” del gobierno, expresado a través de Ollanta Humala, y auspiciado por la derecha, no es otra cosa que asumir con algarabía decisiones inapelables.  Mientras Michael Bachelet (Presidente electa de Chile) manifiesta su aceptación a medias, en Perú la clase política lo ha festejado por lo alto. Falta identidad, falta Patria.

A partir de hoy, seremos dueños legalmente de una porción del territorio en litigio que ya culminó, no hemos recuperado lo que por justicia nos corresponde. Han sido sensibles con nuestros pedidos, pese haber confirmado que no existió delimitación marítima.

Necesitamos identidad y amor a la Patria. Imposible pensar que lo harán los que buscan solo negocios en nuestro mar, lo hará el pueblo organizado y digno de defender sus recursos naturales y su territorio.

XI Congreso de Rondas: Unidad y defensa de los recursos naturales

Por: Segundo Matta Colunche

Las gloriosas Rondas Campesinas nacen en 1976 en el caserío de Cuyumalca, provincia de Chota, en Cajamarca.  Han pasado 37 años y su nivel de organización se ha extendido a la mayoría de regiones del país. La organización campesina es un referente de justicia en el Perú.

Durante los días 25 y 26 de enero del presente, en la ciudad de Celendín, los ronderos de la las trece provincias de Cajamarca desarrollaron su XI Congreso Regional. Asistieron a tan magno evento más de 2 mil delegados procedentes de los 127 distritos de lo largo y ancho de la región. Resaltó el reencuentro y presencia de dirigentes y ex -dirigentes, autoridades regionales forjadas en el seno ronderil, tal es el caso del presidente Gregorio Santos Guerrero y otros líderes sociales que hoy ocupan puestos en la administración pública, así mismo  se presenció líderes sociales de otras regiones del país.

Al compás de frases históricas: “Las Rondas unidas jamás serán vencidas”, “Unidad para luchar, unidad para vencer”, “En el campo y la ciudad, las rondas es dignidad”, y otra alusivas al medio ambiente, los ronderos llegaron a la ciudad de Celendín para informar, debatir, resolver y elegir aspectos relacionados al quehacer institucional.

En todos los entusiastas delegados mereció atención especial aspectos del frente único, la unidad institucional, la relación con la justicia formal, entre otros temas históricos y de coyuntura.

Las Rondas que nacieron en Chota - Cajamarca se fortalecen y reciben admiración del pueblo y odio de los que ostentan el poder económico, más aún en momentos en que Cajamarca pasa por una coyuntura especial: La defensa de sus recursos naturales de la voracidad de las empresas mineras.  En cada participación de los delegados se escuchó decir con firmeza, “defenderemos nuestros recursos naturales y la vida a cualquier precio; jamás doblegarán nuestras fuerzas; sí, cada día somos más para  defender la soberanía de nuestra patria”.

Previo al congreso regional, los ronderos que llegaron de todas las provincias, se movilizaron por las calles de Cajamarca y Celendín, allí flamearon otra vez las banderas de la libertad, la justicia y la dignidad cajamarquina. En una sola voz expresaron su repudio a las acciones expansionistas de minera Yanacocha, a la represión del gobierno central  y a la campaña sucia de la mafia fujimontesinista y la derecha que están aliados para destruir las bases del Nuevo Modelo de Desarrollo Sostenible.

La representación rondera cajamarquina  llegó a Celendín no sólo para expresar su identidad con la organización, sino para solidarizarse militantemente con un pueblo digno que está en pie de lucha, y desde juntos exigir al gobierno central y las instituciones que administran justicia, determinar los responsables que asesinaron a los 5 héroes medioambientalistas, quienes lucharon en defensa del agua y de la vida. ¡No a la impunidad! Fue una de sus conclusiones.

Unidad y lucha contra la ampliación del extractivismo minero; recolección de firmas para una Nueva Constitución, rechazo a la criminalización de la protesta amparados en la ley 30151 que establece impunidad para policías y militares que asesinen a civiles; ovaciones al presidente regional Gregorio Santos, reconocimiento a su coraje; rechazo a las denuncias y persecuciones injustas a dirigentes sociales y populares; fortalecimiento de la Rondas Campesinas en todas las bases del ámbito regional y lucha frontal contra las mafias y corrupción que pretenden volver a gobernar las instituciones del Estado, fueron las conclusiones finales.

Aunque los medios de comunicación voceros de la derecha y las trasnacionales hayan ignorado por completo este trascendental evento, más allá de las discrecionales coberturas radiales o de las escazas líneas de diarios parcializados, está un pueblo organizado que sigue firme en la lucha por la defensa de lo más preciada de la humanidad, la vida. Las rondas han aprendido que los temporales pasan, así como vieron pasar a los que quisieron destruirlas.

El gobierno regional Cajamarca saluda y felicita a Santos Saavedra y en su envestidura a la junta Directiva y a toda la Federación Regional de Rondas Campesinas de Cajamarca.

La justicia patas pa´arriba

Por: Segundo Matta Colunche

En este país, la mafia, la corrupción, los mercenarios y asesinos gozan de libertad e impunidad, mientras que el pueblo y sus dirigentes al banquillo de los acusados. Y en casos extremos para que no digan nada los esconden tras las rejas. Lo llamamos “la justicia patas pa arriba”.

En el Perú la justicia está “patas pa' arriba”, utilizando las palabras del gran intelectual uruguayo Eduardo Galeano, cuando coloca en la pared las atrocidades que hace las derecha y los grandes capitales en contra de los más humildes y pobres del planeta. Los dueños del capital actúan con total impunidad, auspiciados por los tribunales de justicia y los medios de comunicación, mientras matan y asesinan a los excluidos. Utilizan la palabra libertad para cometer crímenes y atrocidades.

Trasladando a Perú, comparamos con lo que la Primera Fiscalía Penal Corporativa de San Ignacio pidió hoy para el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, 30 años de cárcel por el supuesto delito de secuestro de Petronila Vargas, además de una reparación civil de S/.10 mil. Eso no sucedió ni para el reo más grande del Perú, Alberto Fujimori, comprobado por ser autor intelectual de torturas y desapariciones, pero si para un líder popular y de izquierda, cuyo delito es estar al lado de su pueblo, defendiendo su dignidad.

El Fiscal de la Naciòn, José Peláez, de (filiación aprista) hace una serie de variopintos para su reelección, pese a tener una desaprobación espantosa de 78.9% según última encuesta de CPI. En esa misma dirección marcha el Poder Judicial, que acaba de dar una lección de ridiculez y parcialización con el poder económico. Se muestra tan cercano a las trasnacionales cuyo objetivo es terminar con la vida política de nuevos líderes que nacen desde el seno social, como las Rondas Campesinas, Sutep y Frentes de Defensa.

Lo más curioso y hasta anecdótico, es la estrecha relación que existe con uno de los integrantes del grupo El Comercio, el diario Perú 21, cuya cuestionada línea editorial todos conocemos-extrema derecha-. Nuevamente, primero llegó la información al diario y después a los principales interesados, misma estrategia del informe de la Contraloría General de la República, sobre las supuestas obras fantasmas por 130 millones de soles, que al final se demostraron que eran falsas. 

Con lo sucedido, no es otra cosa que un atentado contra la justicia y los Poderes del Estado que están obligados a actuar con absoluta independencia. Está claro que hay una dirección. Estalló el conflicto Conga, y se le vino encima al presidente regional de Cajamarca Gregorio Santos una serie de denuncias que incluido el de San Ignacio sumaron 38. Todos procesos Conga. Lo que no sospechaban es que en el Ministerio Público también hay fiscales honestos, 35 ya fueron archivados.

¿Quién está tras todo esto? La investigación sobre el supuesto secuestro de Petronila Vargas ya fue archivado, claro que sí. Pero se reapertura cuando estalla la lucha por la defensa del agua y de la vida, en donde el gobierno regional de Cajamarca  y su presidente expresaron su apoyo a las organizaciones sociales. Caso sui generis en el país la gestión de Gregorio Santos, quien se levantó, acompañó a las organizaciones del pueblo en la defensa de sus derechos y su dignidad. Nos hace recordar la historia de Nelson Mandela cuando no soportó más el apartheid.

A Gregorio Santos y a los dirigentes  cajamarquinos se los acusaron de todo: “terroristas, narcotraficantes, asesinos, corruptos, violentistas, anti mineros, extremistas, anti inversión, y todo los antis”. Pasaron por los sed de televisión y entrevistas a grandes páginas a los llamados “investigadores” como Miguel Santillana, Jaime de Altahus, Jaime Antezana, los fujimontesinistas y toda la derecha reaccionaria; para atacar las luchas heroicas del pueblo de Cajamarca. A varios de ellos se les cayó la careta cuando se confirma que son financiados por Yanacocha para realizar campañas mediáticas en sus medios voceros.

Tras este anuncio que mantiene alerta al pueblo organizado, no queda otra cosa que mantener firme la unidad del soberano. La lucha en los tribunales, pero también en la calles para exigir justicia. Mientras excusan a responsables de la muerte de 5 hermanos de Bambamarca y Celendín, piden prisión para una autoridad que lucha junto a su pueblo, exigiendo respeto a los recursos naturales, en general a su dignidad. Este es el país, donde la justicia está patas pa arriba.

Aquí está la opinión de la fiscal, las investigaciones continúan, se espera mayor responsabilidad de los otros sectores de la justicia como el Poder Judicial, quien debe determinar un veredicto totalmente independiente. Estaremos alerta.